Dos rasgos caracterizan la legislatura en curso hasta el presente. En primer lugar, las dificultades para poder articular una mayoría parlamentaria con una mínima cohesión política, lo que se ha puesto de manifiesto cada vez que ha habido que votar una medida de cierta entidad, evidenciando reiteradamente la falta de consistencia de lo que sus propios integrantes denominan la ‘mayoría de investidura’. Es lo que viene ocurriendo de modo reiterado en las votaciones en el Congreso, entre otras la de las medidas fiscales, que revelan la fragilidad de la precaria mayoría aritmética con la que cuenta el Gobierno.

Por lo que se refiere a la oposición, no puede decirse que su situación sea más sólida, ya que no tiene posibilidad alguna de articular una mayoría parlamentaria alternativa a la existente, que a pesar de su precariedad y su falta de consistencia sigue permitiendo al Gobierno aprobar buena parte de las medidas que plantea.

El mayor problema de la oposición es que por sí misma, sin que se produzca una quiebra en el seno de la mayoría que hasta ahora ha respaldado al Gobierno, no tiene posibilidad alguna de conseguir los apoyos necesarios para poder gobernar; menos aún con la política que ha venido desarrollando en este primer año, que solo sirve para aglutinar a la precaria mayoría que, a pesar de sus diferencias, presta su apoyo al Ejecutivo.

En este contexto se reúnen todas las condiciones para que se genere un ‘impasse’ político que, tras un año de legislatura, constituye la nota mas característica de la situación y que no solo no tiene trazas de despejarse, sino que amenaza con prolongarse. Que hayan sido la ley de amnistía (cuya aplicación efectiva va a seguir planteando serios problemas) y el concierto fiscal catalán, cuya materialización va a ser también muy problemática, los asuntos principales que han centrado la actividad política del Gobierno de coalición y de la frágil mayoría parlamentaria que lo respalda no deja de ser un dato revelador de esta situación anómala.

Anomalía que se ve agudizada por el tipo de oposición que vienen realizando las formaciones políticas a las que la aritmética electoral les ha situado en esa situación. Parecen haber renunciado a los cauces propios de la vía parlamentaria para recurrir a instrumentos ajenos a esta, muy especialmente los que proporciona la utilización de la vía judicial para conseguir objetivos políticos, una práctica empleada de forma recurrente con la finalidad de desgastar al Gobierno. A lo que hay que añadir recientemente la utilización de las instancias europeas para tratar de minar desde Bruselas la posición del Ejecutivo, como ha ocurrido con el episodio de Teresa Ribera en la Comisión Europea.

El principal problema que se plantea, cuando el Gobierno ha cumplido su primer año de vida en esta legislatura, es cómo desbloquear un ‘impasse’ que, de prolongarse indefinidamente, puede causar, si no lo está haciendo ya, serios problemas en el funcionamiento y en la estructura del sistema institucional.

El próximo debate sobre los Presupuestos -los actuales ya están prorrogados, precisamente como consecuencia de este punto muerto político que venimos arrastrando-, que es la tarea más inmediata a abordar, nos va a proporcionar pistas significativas sobre las expectativas que se abren (o se cierran) para el resto de la legislatura.

No existen recetas mágicas para nada, tampoco para superar las situaciones de callejón sin salida político e institucional. Pero lo que sí se puede hacer es extraer lecciones de la experiencia más reciente, entre ellas la del último año, para encontrar caminos que sean menos inciertos y que permitan afrontar los problemas que surjan en mejores condiciones. O, al menos, que nos eviten reincidir en los mismos errores ya cometidos en el pasado y que han abonado el terreno para llegar a una situación que, en cualquier caso, es manifiestamente mejorable.