- Los próximos meses deberían alumbrar la ley que ofrecerá una solución a los mutualistas de la abogacía condenados a cobrar pensiones insuficientes después de décadas de cotizaciones.
El que hoy comienza con el habitual acto protocolario de apertura en el Tribunal Supremo, presidido por Su Majestad el Rey, no es un año judicial más.
No lo es por muchas razones, pero muy especialmente porque será un periodo de profundos cambios en el funcionamiento de nuestros juzgados y tribunales.
Mientras en los medios de comunicación resuena constantemente el eco de los casos en los que está involucrada la política, quienes participamos del día a día de la Justicia estamos inmersos en una de las transformaciones más profundas de las últimas décadas.
Por lo que se refiere al cruce de hilos con los pronunciamientos que proceden del ámbito político, la Abogacía Española ha mostrado en varias ocasiones, y se adhiere hoy, a los reiterados mensajes del Consejo General del Poder Judicial, en los que su presidenta ha reclamado el máximo respeto por la independencia de los jueces.
En lo que respecta a los cambios procesales y organizativos que ya están en marcha, es preciso insistir en la importancia de que las administraciones públicas estén a la altura de lo que supone este reto transformador.
No podemos ni debemos esperar demasiado para comenzar a evaluar cómo están afectando los cambios al funcionamiento del sistema si queremos corregir los errores antes de que causen un daño difícil de reparar al derecho de defensa como pilar básico del Estado de derecho.
«La pelota está en el tejado de los legisladores, a quienes instaremos a que encuentren una respuesta compartida, satisfactoria y rápida»
Este año también está llamado a ser un curso decisivo porque tenemos nuestras esperanzas puestas en que los próximos meses permitan alumbrar la ley que ofrecerá una solución a los mutualistas de la abogacía condenados a cobrar pensiones insuficientes después de décadas de cotizaciones.
La pelota está en el tejado de los legisladores, a quienes instaremos a que encuentren una respuesta compartida, satisfactoria y rápida.
Cada día que pasa hay compañeros demorando su jubilación a la espera de una reforma que debería reconocerles los mismos derechos que al resto de cotizantes españoles.
Y también debería ser el periodo de sesiones que alumbrase una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Está en el calendario normativo del Gobierno para este 2025 y sabemos que los trabajos van muy avanzados. El servicio que hoy en día se presta a la ciudadanía gracias a la solidaridad de más de 40.000 abogados y abogadas precisa de reformas urgentes y de calado.
Felipe VI recibe en audiencia a Álvaro García Ortiz, para la entrega de la Memoria Anual de la Fiscalía, en Zarzuela.
Todo ello al margen de que el Ministerio de Justicia cumpla con su compromiso de incrementar las retribuciones del Turno antes de que concluya el año.
Las tareas son muchas y todas ellas urgentes. La voluntad de llevarlas todas a buen puerto por los involucrados, innegable.
Ahora es preciso que todos nos pongamos a trabajar para lograr el objetivo que compartimos, y que no es otro que la mejora y el progreso de un servicio público esencial para el funcionamiento de la democracia: la Justicia.
*** Salvador González es presidente del Consejo General de la Abogacía Española.