La citación del presidente por el juez Peinado para que declare como testigo en la causa que investiga a su mujer, Begoña Gómez, ha coincidido con el año transcurrido desde las generales del 23 de julio de 2023. Un año que no ha sido capaz de asegurar que la legislatura vaya adelante. Aquel día, y gracias a una remontada de último momento, Pedro Sánchez se encontró con que podía sumar apoyos en el Congreso como para seguir en el Gobierno. Pero la disolución del Parlamento de Cataluña por la que apostó el pasado marzo ERC, socio preferente del Ejecutivo, llevó al presidente a renunciar al proyecto de Cuentas del Estado para el presente año. Un revés que la coalición PSOE-Sumar presentó como un problema menor frente a la trascendencia de sus planes. Pero que vuelve ante la eventualidad, probable, de que tampoco se vea en condiciones de que el Congreso apruebe su proyecto presupuestario para 2025. Es la nota mínima de gobernabilidad pendiente de nuevo de que el independentismo -ERC, pero también Junts- se comprometa con las necesidades de estabilidad en Cataluña relegando a muy segundo plano sus aspiraciones máximas, como requisito imprescindible para que pueda contarse con él para la gobernabilidad de España; para que el secesionismo se avenga a facilitar o aceptar que Salvador Illa sea elegido presidente de la Generalitat sin que, a cambio y en nombre de una «singularidad» intangible, se produzcan modificaciones estatutarias y constitucionales al margen de los procedimientos legalmente previstos.