Ya era suficientemente lacerante eso de negociar la investidura del gobierno de la Nación con un prófugo de la Justicia, acusado de graves delitos, y cuyo principal objetivo consiste en desmembrar el Estado a cuya gobernanza le invitan, cuando ahora los jueces le han añadido la calificación de investigado, nada menos que por terrorismo. Ya era suficientemente humillante eso de tener que negociar en Bruselas, capital del Reino de Bélgica, la gobernanza del Reino de España cuando vemos cómo ahora se añade el escarnio de tenerles a los negociadores del PSOE parados ‘sine die’ en Bruselas, esperando en la habitación de un hotel a que el prófugo investigado tenga a bien citarles para mostrarles sus siempre inacabadas exigencias. Y ya era suficientemente costosa la factura de los 15.000 millones de la deuda al FLA condonada, cuando comprobamos que tanto Junts como ERC, los dos pilares sobre los que descansará el futuro gobierno, acaban de registrar en el Parlament las conclusiones de la ‘Comisión de Estudios sobre la Deuda Histórica’. Unas conclusiones gloriosas o, si lo prefiere, espeluznantes que nos desvelan que el Estado debe a Cataluña 50.900 millones en infraestructuras; 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones. Y eso que el cálculo solo incluye la deuda acumulada desde 1982 y 2022, es decir nos ‘condonan’ todo lo anterior, que no sería poco.

¿Quiere esto decir que ahora la investidura nos costará solo 15.000 (o los que añada Junts, que querrá marcar impronta en el acuerdo) y dejamos estos casi medio billón para irlos reclamando a lo largo de la legislatura en cada una de las numerosas ocasiones en las que el Gobierno se vea obligado a recurrir al combo ‘All Stars’ en quien se piensa apoyar?

Hay más. Circula por allí una propuesta de ‘ley de financiación singular para Cataluña’ que pide el traspaso de la Agencia Tributaria, un mecanismo que, en lugar del sistema vasco del Cupo, establecerá una ‘cuota de solidaridad’ entre la Nación catalana y el Estado español en base al principio de ordinalidad. Pide también un ‘programa mínimo de reparaciones’ como la cancelación de la totalidad de la deuda, lo que ascendería ahora a los 73.000 millones; una compensación por las infraestructuras no realizadas; la recepción directa del 19% de los fondos europeos y con efecto retroactivo; la creación de una Agencia de la Seguridad Social catalana que absorbería las pensiones y nacería con una importante dotación procedente de la deuda, por supuesto también histórica, de este capítulo y una compensación por la infrafinanciación estructural de la Sanidad catalana.

Los progresistas se quejan de los que se alarman por la ruptura de España, que según dicen no se va a producir. Qué alivio, pero, si la Generalitat que controla ya la sanidad, la policía, la educación, las carreteras, y los puertos, pasa a controlar la hacienda, las pensiones y el ferrocarril, ¿que quedará de España en Cataluña? Nada, un breve rumor, un brumoso recuerdo.