El acuerdo alcanzado este martes por los magistrados conservadores y progresistas del Poder Judicial para renovar el Tribunal Constitucional ha evitado un hecho catastrófico. De no cuajar ese pacto, el Gobierno habría impulsado un cambio en las reglas para la elección de los miembros del Alto tribunal que rompería consensos constitucionales por la puerta de atrás.

Lo que se anunció ayer fueron los nombramientos del conservador César Tolosa y la progresista María Luisa Segoviano. Su elección fue por unanimidad de los 18 vocales del CGPJ, 10 conservadores y 8 progresistas. El inesperado acuerdo, tras meses de negociaciones fallidas, llega inmediatamente después del llamamiento de Felipe VI a «fortalecer» las instituciones.

La entrada de Tolosa y Segoviano es el paso previo a la incorporación al TC, a instancias del Gobierno, del exministro Juan Carlos Campo y la exdirectora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez, dos personas tan marcadas políticamente que no deberían haber sido propuestas.

Pero los lunares con los que nace el nuevo Constitucional con mayoría progresista no ensombrecen un acuerdo que evita la calamidad de prescindir de consensos amplios para conformar el Poder Judicial. El PSOE ha renunciado a una ruta que sólo conducía al socavamiento de los contrapesos del sistema y a la pérdida de calidad democrática.

Una de las virtudes del pacto es que permite cantar victoria tanto en Génova como en Ferraz. El PP podrá argumentar que, dentro de sus posibilidades, consiguió que el Gobierno desistiese en su empeño de nombrar a un magistrado concreto (José Manuel Bandrés) a través del CGPJ, con el deterioro añadido que supondría para la institución. Incluso que tuvo la entereza para bloquear la torticera iniciativa parlamentaria del PSOE y sus aliados, y que nunca cerró la puerta al diálogo.

El PSOE, por su parte, acorta los plazos para alzarse con una mayoría afín en el TC y evita el desgaste que hubiera tenido para Pedro Sánchez, dentro y fuera de España, la operación de cambiar el sistema de elección por las bravas. Además, María Luisa Segoviano es una magistrada indudablemente progresista, sin cuentas pendientes y con una trayectoria ejemplar.

Lo que demuestra el acuerdo es que la negociación no era imposible. Y si se ha podido pactar la renovación del TC, ¿qué impide que no se renueve el propio Consejo del Poder Judicial? ¿Por qué no explorar alternativas similares para el desbloqueo? ¿Por qué no repetir, en fin, el cambio de un Bandrés por una Segoviano?