Los epígonos de la coalición de gobierno han venido sosteniendo que las contradicciones, desacuerdos y discrepancias del PSOE y de Unidas Podemos en el Consejo de Ministros eran “normales”. Trataban así de elaborar una narrativa para los muchos desconocedores de cómo funcionan las coaliciones en los países occidentales con democracias liberales. Nada que ver con la nuestra, que se ha convertido en un auténtico carnaval cuya apoteosis ha sido el proceso de autofagia que se consumó ayer con el disparate jurídico y político de que, mediante una proposición de ley, el grupo parlamentario socialista pretende la reforma de una ley que llegó al Congreso mediante proyecto, previo acuerdo colegiado del Consejo de Ministros. 

En el programa de gobierno de la coalición (“Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para España”, que se extiende en 49 páginas), había dos previsiones que hay que recordar inevitablemente. La primera se refería a la necesidad de nuevas leyes y entre ellas la del solo sí es sí, un adefesio técnico desde el punto de vista jurídico, y la segunda aludía a la manera en que los socios dirimirían sus discrepancias.

El punto 7.2 del programa gubernamental se comprometía a “blindar que solo sí es sí. En cumplimiento de lo previsto en el Convenio de Estambul para combatir todas las formas de violencia que sufren las mujeres, se aprobará una Ley Integral para la Protección de la Libertad Sexual y Contra las Violencias Sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación. En el marco de esta ley, reformaremos la legislación penal para garantizar que el consentimiento de la víctima sea clave en los delitos sexuales, de manera que, si una mujer no dice SÍ, todo lo demás es NO. Es decir, solo sí es sí” (sic). 

Por otra parte, tanto PSOE como Unidas Podemos se comprometían a resolver sus desavenencias en una comisión de control bipartito mediante la constitución de dos mesas integradas por 10 miembros de ambas organizaciones: dos por parte de Presidencia del Gobierno; dos de la Vicepresidencia primera; otros dos de la Vicepresidencia segunda; dos representantes del Departamento de Comunicación, y otros dos de los respectivos grupos parlamentarios.

El acuerdo programático sobre el solo sí es sí estaba viciado en sus propios términos porque expulsaba del proceso penal el principio de que la carga de la prueba corresponde al que acusa y no al revés, tal y como establece el mandato constitucional de presunción de inocencia (artículo 24 de la CE); y cuando ha surgido la desavenencia —debida al funcionamiento de la coalición, únicamente inspirado por la retención del poder por socialistas, populistas y comunistas—, la comisión de control bipartita se ha volatilizado y los desacuerdos se han convertido en un espectáculo hostil entre los socios que se ha contemplado con verdadero estupor. 

Lo que ya roza lo esperpéntico es que una ley aprobada por el Congreso y el Senado, enviada a las Cámaras por el Gobierno como proyecto de ley, se trate ahora de reformar mediante una proposición de ley del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, desautorizándolo por partida doble: porque un proyecto de ley se modifica con otro, no mediante proposición, y porque se pretende alterar una ley avalada por todo el Consejo de Ministros, incluidos los de Unidas Podemos, que no comparten el contenido de la proposición socialista. El perfume de inconstitucional es inconfundible.

La que nos gobierna —si es que lo hace— no es una coalición, sino una superposición de intereses dispuestos a resistir todas las incoherencias, sean de la naturaleza que fueren. Pedro Sánchez —que tan bien explicó entre abril y noviembre de 2019 las razones por las que nunca gobernaría con Podemos y que jamás se apoyaría en los independentistas— es el responsable primero y principal, porque ha manejado torpemente un juego de compensaciones utilizando las leyes como mercancía de intercambio para mantener en equilibrio la coalición que, finalmente, se le está yendo de las manos. 

No importa ya que la entente se rompa formalmente, porque materialmente no existe. Están juntos porque los morados no apetecen de los rigores de la intemperie y porque para los socialistas el fracaso de la coalición mediante su ruptura explícita sería una confirmación inesquivable del naufragio táctico de Sánchez. En realidad, desde que en marzo de 2021 dimitió Pablo Iglesias de la Vicepresidencia segunda del Gobierno, la coalición dejó de tener sentido, y boqueó cuando el líder —sigue siéndolo— de Podemos se desmintió a sí mismo al distanciarse de la que él designó como su sucesora al frente de las listas moradas, Yolanda Díaz.

En política existen procesos de autofagia, pero pocos tan llamativos, tan desinhibidos, como el que estamos contemplando, porque esta rectificación normativa —que lo es no solo a UP sino también al PSOE, a su secretario general y, como tal, al presidente— se configura como un caso raro de autodestrucción a incluir en los manuales de la ciencia política. 

Y la nueva chapuza legislativa —cambiar una ley de iniciativa gubernamental mediante proyecto con una proposición de ley que no comparten varios ministros del Gabinete— es episodio del que no hay antecedentes. Y es especialmente grave porque no solo se produce el derrumbe de la coalición, sino porque la autofagia es también jurídica: devora la corrección técnico-jurídica del proceso legislativo, un paso más en la lenta pero implacable destrucción del sistema constitucional.