EL CORREO 25/04/13
· Piden a las instituciones «ayudas» para antiguos reclusos y que los años en prisión coticen para la pensión de jubilación.
La asociación Harrera, constituida el año pasado en el entorno de la izquierda abertzale, ha comenzado a ofrecer asistencia continuada a una veintena de antiguos presos de ETA con escasos recursos económicos. El colectivo, que ha abierto una sede en Bilbao, se dio a conocer ayer en Bizkaia en un acto celebrado en el campus de Leioa de la Universidad del País Vasco. Sus portavoces, Fernando Etxegarai y Fernando Irakulis –ambos han permanecido dos décadas en prisión por condenas cercanas a los cien años–, explicaron los objetivos de esta plataforma, que trata de ofrecer asistencia a los reclusos nada más abandonar la cárcel. La asociación les asesora para acogerse a las subvenciones institucionales, les ofrece asistencia médica –sobre todo psicológica, pero también en cuestiones como revisiones de odontología– y trata de buscarles un empleo.
Hasta el momento –la agrupación se puso en marcha en junio pasado– «dos docenas» de antiguos presos mantienen un contacto directo con los responsables de Harrera, que sobre todo tratan de gestionarles unos ingresos «para que puedan vivir dignamente». Los portavoces de la asociación explicaron que, como cualquier otro interno, los reclusos de ETA perciben un subsidio de excarcelación de 400 euros durante el año y medio siguiente a su abandono de la cárcel. La falta de formación académica y de experiencia laboral de estos presos, muchos de los cuales han cumplido más de veinte años de prisión, hace, según este colectivo, que les sea «muy difícil» encontrar un empleo.
Lamentaron que no existan en Euskadi «ayudas específicas» para antiguos etarras excarcelados y demandaron la puesta en marcha de planes similares a los aplicados en Irlanda del Norte, a los que contribuye la Unión Europea. Los representantes de Harrera aseguraron que han puesto en marcha un grupo de contacto con «empresas e instituciones» para facilitar la inserción laboral de los exreclusos. Y reconocieron que entre sus objetivos figura el que la Administración contabilice como cotizables los años que han permanecido encarcelados a la hora de calcular su futura pensión de jubilación. «Con el sistema actual –explicó Etxegarai–, algunos sólo tienen derecho a una pensión no contributiva, lo que supone percibir 200 euros al mes. Y con eso no se puede vivir».
La asociación cuenta ya con 800 socios y persigue aumentar el número de miembros para poder financiar las ayudas a un número mayor de antiguos presos.
EL CORREO 25/04/13