La nueva legislatura plantea, entre otros retos, el derivado de la compleja articulación de la fragmentación y la polarización parlamentarias. Prueba de ello fueron las sucesivas (y casi agónicas) votaciones durante la sesión del día 10, en la que el Gobierno Sánchez logró salvar gracias a Junts dos de los tres decretos-leyes sometidos a aprobación parlamentaria (Podemos frenó el tercero, abanderado, en cuanto a sus medidas, por la vicepresidenta del Gobierno y líder de la formación política Sumar, Yolanda Díaz).

Lo acontecido en esa jornada parlamentaria muestra una manera de hacer política y de gobernar que difícilmente va a poder sostenerse durante toda la legislatura. Junto al eje izquierda-derecha han emergido toda una serie de subejes derivados de la situación interna de cada uno de los socios que integran la mayoría política de la investidura, y de las disputas internas que provoca el pulso por el liderazgo en la notoriedad política y en la capacidad de influencia sobre la acción de gobierno de cada una de esas formaciones.

En segundo lugar, hay que atender a la dimensión legislativa y a la necesaria seguridad jurídica que todo proceso de elaboración normativa debe garantizar. Y hay dos factores que van a devenir claves: por un lado, el tipo de norma que se someta a aprobación parlamentaria y por otro las materias que esta incluya. ¿Podrá este doble bucle resolverse por la vía de las negociaciones políticas? ¿Cómo evitar la sensación de incertidumbre permanente y por tanto de debilidad gubernamental derivada de la suma de rivalidades partidistas que emergen entre el resto de fuerzas que apoyan a Sánchez y cuya única argamasa radica en el deseo de evitar que la legislatura descarrile de forma prematura por puro cálculo electoral?

La dinámica política y parlamentaria del primero de esos ejes, el del denominado como bloque progresista frente al de la derecha política, es clara y no plantea problemas de predicción: el PP y Vox van a votar de forma permanente en contra del Gobierno, van a exacerbar la polarización y su oposición a la acción de gobierno y a la tramitación y aprobación parlamentarias de las iniciativas que emerjan desde el mismo.

Pero todo intento de hacer prospección en torno a los futuros pasos de esta nueva legislatura quiebra ante la complejidad de los otros ejes sobre los que pivota este complejo tiempo que vive la política española: por un lado, el de la disputa entre ERC y Junts, con la vista puesta en las futuras elecciones catalanas, que probablemente tengan lugar el próximo otoño. En segundo lugar, el eje de la disputa entre PNV-EH Bildu, ante la perspectiva de nuestras próximas elecciones vascas, previsiblemente esta próxima primavera. Y en tercer lugar, el tenso ámbito de relación de Sumar y Podemos, derivado a su vez de un divorcio político conflictivo que va a más y que previsiblemente podría volver a generar, fruto de su enfrentamiento, resultados insospechados en futuras votaciones.

Este complejo cruce y bucle de alianzas y rivalidades complica el proceso de aprobación de medidas legislativas con rango de ley, porque la obtención de la suma de apoyos parlamentarios necesarios va a requerir negociaciones a diferentes bandas que intenten dar satisfacción a cada uno de los integrantes de esos subejes.

Otro factor novedoso y que muestra la complejidad sobrevenida se aprecia en la evidencia de que a la tradicional formulación del voto parlamentario (a favor, en contra, abstención) se ha sumado otra estrategia adicional puesta en marcha por Junts: la no participación en la votación como forma de evitar que la medida en cuestión no salga. Es decir, no se explicita el apoyo a la misma pero se facilita su aprobación dejando en evidencia la dependencia del Gobierno.

¿Podrá el Ejecutivo Sánchez seguir recurriendo de forma permanente a la figura de los decretos leyes? No, porque todo decreto ley solo admite una votación global sobre el texto: convalidación o derogación, tal como prevé el artículo 86 de la Constitución. El reiterado uso de este tipo de extensas normas con contenido plural y que abarca múltiples materias (calificado por ello como ‘ómnibus’) deberá necesariamente limitarse por parte del Gobierno. Tendrá que tender más a proyectos o a proposiciones de ley, que brindan mayor flexibilidad al proceso de elaboración de las normas.

La sesión parlamentaria del día 10 mostró la dificultad sobrevenida de la acción de gobierno, evidenció las tensiones cruzadas dentro de cada bloque y, sobre todo, reveló la necesidad de trabajar mucho más los pactos y acuerdos. Sánchez y su equipo deberán implantar una forma distinta de gobernar y de promover la acción legislativa del Parlamento si no quieren que la legislatura finalice de forma abrupta y anticipada.