Joan Coma, concejal en Vic (Barcelona), se convirtió ayer en el primer cargo electo detenido por un delito de sedición en el marco del proceso independentista de Cataluña. La figura penal castiga la incitación a desobedecer las leyes y está sancionada en el Código Penal con entre 10 y 15 años de cárcel.
El delito que se atribuye al edil de la CUP se suma a la lista de acusaciones que pesan desde 2015 sobre los promotores del desafío soberanista y que incluye prevaricación, desobediencia grave y delito electoral. Entre los representantes de las instituciones catalanas y municipios investigados están el ex president de la Generalitat Artur Mas y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El concejal de la CUP de Vic está acusado de incitar a la desobediencia al Tribunal Constitucional durante un Pleno, en diciembre de 2015, y posteriormente negarse a declarar por ello ante la Audiencia Nacional. El juez Ismael Moreno decretó su detención tras recibir nuevos informes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra que sustentan la acusación de incitar a la «desobediencia colectiva» a las leyes.
La detención de Coma se produjo ayer por la mañana a primera hora, cuando agentes de la unidad de mediación de los Mossos acudieron vestidos de paisano a su vivienda y le acompañaron hasta un coche sin logotipo. La implicación de la Policía de la Generalitat en el traslado de Comas reavivó las críticas de la formación anticapitalista contra el conseller d’Interior, Jordi Jané, a quien exigieron de nuevo que deje de obedecer las órdenes de los órganos judiciales españoles.
A mediados de diciembre la CUP ya acusó de botifler–traidor, en catalán– y exigió la dimisión de Jané tras la detención de los jóvenes acusados de quemar fotos del Rey Felipe VI durante la última Diada. La diputada Anna Gabriel se reafirmó ayer en su oposición a la permanencia de Jané en el cargo y en declaraciones a Europa Press exigió al Govern que le destituya: «Nos inquieta mucho que tengamos unos responsables políticos en la conselleria que no son lo bastante conscientes del momento político que vive el país», dijo.
La CUP también reclamó que no se repitan las detenciones de independentistas en el futuro por parte de la policía catalana. Para lograrlo Gabriel pidió al Departament d’Interior que emita órdenes internas entre sus 17.000 agentes para que dejen de cumplir con su obligación de ejecutar las órdenes de jueces y fiscales en casos de desobediencia. «No creemos que esto supusiera tensionar a los Mossos ni hacer saltar por los aires nada. Sería una actitud coherente. No tendría más impacto», explicó.
Coma, que negoció con los Mossos la forma en la que se llevaría a cabo su detención, evitó apuntar a la Policía de la Generalitat y cargó exclusivamente contra el Ejecutivo del PP y el poder judicial: «El Estado español me detiene», escribió en su perfil de la red social Twitter. A lo largo de ayer se sucedieron las muestras de apoyo hacia el concejal, quien está previsto que sea trasladado hoy a la Audiencia Nacional. Cientos de personas se concentraron con antorchas frente al Ayuntamiento de Vic, entre ellas Forcadell y la diputada de Junts pel Sí y secretaria general de ERC, Marta Rovira.
El soberanismo aprovechó la detención, también, para restar credibilidad a la denominada operación diálogo del Gobierno para acercar posturas con el soberanismo. El president, Carles Puigdemont, lo hizo a través de Twitter: «Una vez más, el Estado demuestra qué noción tiene de la libertad de expresión. La operación diálogo: de Navidad a Sant Esteban». El Govern también hizo oficial su «solidaridad» con Coma y atribuyó el caso a una ofensiva judicial instrumentalizada por el Gobierno. La consellera de Presidencia, Neus Munté, auguró además nuevos ataques al asegurar que el Gobierno ha preparado para 2017 «un vergonzante calendario judicial» contra el soberanismo.