La economía de la Comunidad de Madrid se beneficia del efecto capitalidad, esto es bastante evidente. No cabe duda de que ha sabido exprimir al máximo y de manera inteligente su condición, algo que otras muchas capitales en otros Estados no han sabido hacer. Mérito que tienen. Y uno de los rasgos de su política es la de disminuir la presión fiscal sobre sus ciudadanos en lo que de ellos depende sin salirse para nada de la legislación autonómica. Lo hacen porque pueden permitírselo debido a su gran capacidad o potencial recaudatorio, que se han trabajado desde hace años. Por cierto, no solo rebajan a los ricos, sino también a los pobres: Madrid tiene a la vez el tipo marginal del IRPF más bajo, pero también el mínimo inferior de los españoles.

Pero vayamos al debate público que se organiza desde el poder en torno a ese hecho: y que consiste, más o menos, en presentar el efecto capitalidad como fruto de un esfuerzo común de toda España, por el que no debería beneficiarse la comunidad correspondiente ella sola, sino pasárselo en parte a los demás mediante un impuesto especial que se impondría a los capitalinos. Al tiempo que, se arguye, un principio de justicia evidente (para los que lo proponen) debería hacer que los impuestos fueran iguales en todo el país de forma que se pusiese fin a la suave política fiscal madrileña. Pues, a mayor abundamiento, esa política fiscal arrebataría empresas a otras comunidades y muchas se irían a Madrid para pagar menos (esto se dice).

No deseo tanto expresar una opinión de fondo sobre la política fiscal madrileña, que estaría muy marcada por mi propia ideología, como subrayar la superficialidad con que se aborda este debate en la opinión publicada. Y como consecuencia de ello las graves contradicciones en que incurren los que, generalmente desde la izquierda, critican esa política fiscal. Porque es difícil tratar seriamente de la cuestión madrileña sin aclarar antes esas flagrantes inconsecuencias argumentales.

Primera, que una comunidad se beneficie de ser capital no es agravio para las demás, muchas de las cuales también se benefician de hechos diferenciales aleatorios (el litoral y el clima, por ejemplo) o históricos de largo recorrido (fue la España hoy vaciada la que en gran parte posibilitó la industrialización de la España hoy más desarrollada con aranceles y mano de obra). Nada injusto hay en que cada comunidad aproveche sus ventajas propias. Más discutible es cuando la ventaja diferencial la otorga oscuramente el favor político como sucede con los sistemas de cupo forales. Pero escandalizarse de unas y callar de otras es incongruente.

La aportación de Euskadi y Navarra a los fondos de Garantía y de Solidaridad se parece a un cero

Segunda, que la ley ha concedido a las comunidades cierta capacidad fiscal, luego el hecho de que la usen no puede ser motivo de sorpresa o de queja. ¿Para qué era, si no? Según extraña opinión, las comunidades podrían hacer uso de su autogobierno en casi todas las materias salvo en aquella, precisamente en aquella, en la que con más nitidez se demuestra el buen o mal gobierno de cada una. Que es en su capacidad para gestionar los servicios públicos con mayor o menor coste fiscal. Precisamente si hay algo que distingue a España es la falta de difusión pública de estudios acerca de la eficiencia gestora de las comunidades, que todo lo tapan con el socorrido expediente de reclamar más financiación al Estado. Quejarse de Madrid no es, probablemente, sino una forma de esconder las debilidades propias. ¿Para cuándo un ‘informe Pisa’ sobre la eficiencia de las respectivas comunidades en la prestación de servicios que son la mayoría homogéneos?

Tercera, que es una obviedad en democracia: la forma de cambiar una política gubernamental que desagrada es echar de sus poltronas al gobierno que la practica. Mediante las elecciones. A la izquierda le basta con algo tan simple como ganar las elecciones en Madrid para hacer otra política. Intentar cambiarla desde arriba, modificando las reglas de juego autonómico a mitad de partido con una semi-Loapa, es muy poco serio.

Última, las cifras. Se acaba de publicar la liquidación de cuentas 2019 del sistema de financiación común (Ángel de la Fuente, Fedea y CSIC), con datos y tablas de las comunidades autónomas calculados a competencias homogéneas e igual esfuerzo fiscal, lo que permite apreciar con claridad cómo se efectúa el esfuerzo por redistribuir la riqueza entre las comunidades. El Fondo de Garantía y el Fondo de Solidaridad hacen que 8.500 millones se movilicen desde las comunidades ‘ricas’ (Madrid, Cataluña y Baleares) hacia las ‘pobres’ (todas las demás). De estos 8.500 millones, Madrid aporta 6.000, Cataluña 2.070 y Baleares 462. En términos porcentuales, que son aún más impresionantes, resulta que Madrid renuncia al 24,50% de sus propios ingresos fiscales para la solidaridad española, nada menos que la cuarta parte de lo que recauda. Muy lejos, Cataluña el 8,75% y Baleares el 11,50%.

No hay ningún mérito especial en ello, sino una regla simple de solidaridad nacional. Pero reluce como una respuesta sarcástica a los del ‘impuesto capitalino’. Madrid, por ser la locomotora actual de la economía española, entrega un cuarto del total de sus ingresos fiscales a las demás comunidades. Y si metiéramos en la cuenta la Seguridad Social encontraríamos que es la única que contribuye a la ‘caja común’ con más de lo que recibe. La única.

Nota final para los de aquí: ya suponen cuál es la aportación de Euskadi y Navarra a los Fondos, se parece a un cero. ¿No habría que hablar de ello en lugar de charlar sin fuste sobre los capitalinos?