EL MUNDO 17/04/15 – VICTORIA PREGO
· Esto, junto con el caso Pujol, es lo más grave y dramático que ha padecido la democracia española en sus casi 40 años de existencia. Director del Fondo Monetario Internacional, el papel que Rodrigo Rato ha desempeñado durante muchos años en España ha sido el de un gobernante honesto, estricto, eficaz y brillante. Un referente político y moral, en suma. Y ayer lo vimos con la cabeza sujeta por la mano del policía que lo mete en un coche porque se lo lleva detenido. Aunque resulte un espectáculo espeluznante, es lo procedente habida cuenta de los delitos de los que la Agencia Tributaria lo ha acusado ante la Fiscalía.
Nada menos que de fraude, blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes. El blanqueo de capitales supone que el dinero sobre el que operaba Rato era de origen ilícito –y esa es ya una acusación como para poner los pelos de punta a la ciudadanía– y que el señor Rato intentaba presentarlo como fruto de actividades lícitas. Y el alzamiento de bienes significa que el que fue vicepresidente del gobierno de Aznar ha intentado esconder parte de su capital para que el Estado fuera incapaz de localizarlo y así dejarlo a salvo de la fianza que está obligado a pagar por el caso Bankia.
Todo esto tiene penas de cárcel que, si se demuestra que las acusaciones son ciertas, y es impensable que no lo sean porque una operación de la descomunal trascendencia política, social y moral que tiene ésta no se monta si no es muy sólida su base, llevará al excelso señor Rato, al exquisito Rodrigo, a prisión. A estas alturas, no importa nada lo que le pase a él, lo que importa es lo que le pase a un país que ve cómo a sus modelos políticos se les cae la vestimenta de patricios dejando a la vista su cuerpo de embaucadores profesionales. Qué le va a pasar a España ante este desfile incesante de sinvergüenzas que en su día ocuparon las tribunas de los prohombres. Todos ellos han cometido un delito más grave que los que están castigado en el Código Penal: la traición a su país y a su historia. Y esa deuda no la podrán saldar jamás porque han dañado profundamente la consideración que los españoles tenían de sí mismos como nación. Es un delito de lesa patria porque han ofendido y dañado al país entero.
Pero esto no puede acabar aquí. Los españoles tienen todo el derecho a reclamar que se hagan públicas las listas de todos los que han hecho lo mismo que Rato y que parecen ser miles, según la Agencia Tributaria. A estas alturas nadie debería atreverse a negar a la opinión pública una información que describa exactamente a quienes debemos la destrucción moral de un país que hizo en su día con éxito rotundo lo más difícil –recuperar la concordia y las libertades políticas en paz– y que ahora está siendo arrastrado por las alcantarillas de la mano de sus propios dirigentes.