Si el empeño del PSOE por recontar los 30.302 votos nulos de Madrid se diera en un contexto como el de febrero de 1936, no habría hecho falta acudir a la Junta Electoral, ni al TS, ni al TC, que entonces se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales. Habría bastado con hacer esto: «Se anularon todas las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa; se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos» (Manuel Azaña, Journal de Genève, 1937). Un inmenso pucherazo llevó al poder al Frente Popular, inaugurando medio año de arbitrariedad y violencia que desembocó en el asesinato de José Calvo Sotelo a manos de militantes socialistas, y en el inmediato alzamiento. Del carácter fraudulento de aquellas elecciones dan cuenta exhaustiva Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García en ‘1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular’ (2017).

Por fortuna estamos en 2023 y en la UE. Al segundo líder de la oposición (Calvo Sotelo lo era) le pintan ahora el disparo en la nuca (dos recibió Calvo Sotelo) las excrecencias de un socio de Sánchez. Y el intento de alterar los resultados dándole al PSOE un escaño del PP se canaliza por vías legales. Solo que, aun con vías legales, hay dos problemas.

Primero: todos sabemos para qué está de presidente del TC Conde-Pumpido, que de cándido tiene poco. Da poca confianza. Me lo imagino encerrado en una sala con la saca de los votos nulos, decidiendo él mismo si 1.340 de los votos declarados nulos son en realidad votos del PSOE. 1.340 es la cantidad mínima que haría falta para mover el decisivo escaño, siempre y cuando ningún voto nulo pudiera en realidad atribuírsele al PP. ¿Y por qué ese escaño es decisivo? Porque si lo pilla el PSOE se podría investir a Sánchez con la mera abstención de Junts.

Segundo: el tenor de los argumentos esgrimidos por los socialistas para revisar y recontar los votos nulos. Argumentos, por cierto, respaldados literalmente por la fiscalía del TS y que el alto tribunal ha desestimado. El problema es que lo argüido en el recurso de los socialistas es perfectamente aplicable a cualquier otra circunscripción donde haya habido votos nulos. Es decir, en todas. Admitir la petición del PSOE en sus términos justificaría por tanto un nuevo recuento total. Y luego, por qué no, otro. Juzguen ustedes: la revisión «es susceptible de afectar al resultado electoral». Claro. Como en cualquier otra revisión. Hay que «proteger al máximo el derecho de participación política». Pues qué mejor protección que revisar los votos de toda España. La revisión «despeja[ría] cualquier asomo de duda razonable». ¡Despejar todas las dudas es mejor que despejar una! ¿No? En una pirueta risible y caprichosa, el PSOE pretende eludir estos inevitables contraargumentos sosteniendo que dudar es solo legítimo en el caso madrileño. Porque ellos lo valen. Y luego dicen de Trump.