Un entramado económico para mantener vivo el nacionalismo

En 2017, el Gobierno autonómico, ya en manos de Carles Puigdemont, tenía previsto destinar otros 5,8 millones de euros para el referéndum de secesión del 1 de octubre. Una partida presupuestaria que el TC suspendió en julio tras un recurso del Gobierno.

Sin embargo, este no es el único coste que la Generalitat destina a la reivindicación secesionista. A través de un entramado de entidades públicas (182), empresas participadas (21) y organismos vinculados al sector público gasta cada año grandes cantidades de millones a la causa nacionalista.

La red nacionalista está bien engrasada, ya desde la construcción del «proto-Estado catalán» dentro de España cimentado por Jordi Pujol durante 23 años. Es imposible cuantificar un monto global. Pero sí se pueden concretar partidas cuyo destino no cumplen con la estricta finalidad por la que se crean.

Es el caso de los 236 millones de euros para mantener la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que engloba principalmente a TV3 y Catalunya Ràdio. También el gasto que se destina a las relaciones «exteriores» de la Generalitat, más de 39,1 millones de euros entre el coste del departamento que dirige Raül Romeva –incluyendo las llamadas «embajadas catalanas», que se llevan este año 6,5 millones, un 107% más que en 2016, y que en breve llegarán a 17 por todo el mundo– y el incipiente cuerpo diplomático que se está creando alrededor de la fundación Diplocat.

El Centro de Estudios de Opinión (CEO) cuesta más de 1,4 millones de euros al año. Su función teórica es la de producir encuestas y análisis. Pero al llegar Mas a la Generalitat lo politizó hasta el punto de introducir barómetros sobre el secesionismo, sin que existiera demanda social.

Lengua, deporte y expansión
La política lingüística también sirve para «hacer país» y la Generalitat no escatima un euro en ello. La excusa: promocionar el catalán, que en algunos ámbitos llega a sustituir al español pese a que existen sentencias judiciales que lo impiden.

Así, la Dirección General de Política Lingüística dispone este año de 25,8 millones de euros. Y a esta dirección general hay que añadir otros 29 millones entregados en mano al Consorcio para la Normalización Lingüística, que tiene como objetivo «facilitar el conocimiento y el uso del catalán». Pero con truco. Es a través de esta entidad que asociaciones como Òmnium Cultural y otras de carácter político reciben subvenciones que escapan del control de la administración pública.

El deporte, en general, y el fútbol, en particular, tienen una gran capacidad de influencia en la sociedad. Desde el Consejo Catalán del Deporte se fomenta su actividad con 47,4 millones de euros. Al frente de la Secretaría General del Deporte está Gerard Figueras, exdiputado autonómico de CiU, que recientemente acudió a la presentación de un informe de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes para reivindicar la independencia catalana de cara a los JJOO.

Esta plataforma tiene como meta la secesión deportiva. En la segunda mitad de 2016 recibió 295.000 euros de la Generalitat para conseguir su objetivo. También el Ayuntamiento de Barcelona y la Diputación provincial les ayudan económicamente.

Los tentáculos del nacionalismo catalán también se extienden por la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, así como por el sur de Francia. Y se extienden gracias al riego financiero. Un claro ejemplo de esto son los convenios que la Generalitat firma con entidades como Acció Cultural del País Valencià (ACPV), asociación de Eliseu Climent, amigo íntimo de Jordi Pujol, y editora de la revista «El Temps». Por el segundo semestre de 2016, ACPV recibió más de 939.000 euros.

Para la Obra Cultural Balear se fueron otros 60.000 euros; y para la red de escuelas infantiles de Francia que inmersionan en catalán a los niños salieron 400.000 euros más. Todo enviado desde Barcelona gracias a los impuestos que pagan los catalanes.

«Estructuras de Estado»
Este «proto-Estado catalán» se complementa con entidades y organismos autonómicos que, si bien no juegan un papel directo en la reivindicación secesionista, pretenden cambiar el marco mental de los ciudadanos. Quitar España y poner Cataluña.

Son lo que el mundo nacionalista denomina «estructuras de Estado». Ahí están el Consejo de Garantías Estatutarias, cuya función final es sustituir al TC, con un coste anual de 3,2 millones, y que, pese a todo, no sigue a JpS y la CUP en el «sprint» final de cara al 1-O. Y el Síndic de Greugues (Rafael Ribó), que aspira a dejar sin competencias al Defensor del Pueblo y el TC lo evitó en 2010, con 6,2 millones.

También son «estructuras de Estado» el Consejo del Audiovisual de Cataluña, 5,3 millones; la Oficina Antifraude de Cataluña, 5,2 millones; la Autoridad Catalana de Protección de Datos, 2,8 millones; el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, 401 millones; o la Agencia Tributaria de Cataluña, 93,3 millones de euros.