La noticia de que el PIB español creció un 3,2% en 2024 ha disparado la euforia en el Gobierno. El Ejecutivo ha interpretado el dato como la confirmación de que las recetas socialdemócratas aplicadas hoy en España son las únicas capaces de compatibilizar crecimiento y protección social.
La cifra de crecimiento es superior incluso a las previsiones del propio Gobierno (que eran del 2,7%) y del Banco de España (3,1%).
El dato es innegablemente positivo, aunque el liderazgo español se beneficie de la ‘pájara’ que afecta a las economías francesa y alemana, que crecen por debajo del 1%, y de un punto de partida más bajo que el del resto de naciones de la UE.
La economía española encadena así cuatro años al alza tras la debacle provocada por la epidemia de la Covid en 2020 y le permite a nuestro país liderar el crecimiento en la eurozona, cuadriplicando la cifra media en la UE.
El principal pilar de ese buen dato es la demanda nacional, que aporta 2,8 puntos al crecimiento del PIB, y la exportación de servicios. Es decir, el turismo, que sigue siendo la primera de las industrias nacionales.
Por su lado, la débil demanda externa, que apenas aportó 0,4 puntos, prueba las dificultades por las que pasa la economía europea. Si esa demanda externa no mejora en 2025, España tendrá dificultades para mantener el actual ritmo de crecimiento.
El optimismo del Gobierno no es compartido por todos en España. La CEOE ha alertado de la desaceleración del Excedente Bruto de Explotación de las empresas españolas. También achaca el crecimiento del PIB al consumo público, no al privado.
Una tendencia que se repite en las cifras de paro, que descienden sólo por el aumento de la contratación pública y no por la buena marcha del sector privado.
El empleo, de hecho, se ha desacelerado hasta el 2,4% desde el 3,2% anterior en lo relativo a los trabajadores a tiempo completo.
La productividad por empleado, además, está todavía un 2,5% por debajo de la de 2019, antes de la llegada de la Covid a España.
El punto débil del razonamiento del Gobierno es que la buena marcha del consumo no se debe tanto a una mejora de la salud económica de las empresas y de las familias, sino más bien al gasto del sector público, que duplica el de las dos anteriores combinadas.
Lo hace, además, ‘dopado’ por los fondos europeos.
Por más que el Gobierno pretenda atribuir la buena marcha de la economía española a las recetas socialdemócratas, es evidente por tanto que ese buen proceder de las cifras españolas no se debe al desempeño de las empresas o de los servicios, sino a un gasto público alimentado por los fondos europeos.
También, por el crecimiento de la recaudación generado por una fiscalidad que aumenta año tras año y que ha convertido España en uno de los países españoles que obliga a un mayor esfuerzo fiscal a sus ciudadanos y a sus empresas.
El Gobierno debería por tanto no autoengañarse ni atribuir a lo que Pedro Sánchez bautizó como «el Estado emprendedor» (una expresión de la economista Mariana Mazzucato) la buena marcha de una economía que se sustenta en muy buena parte en la deuda pública. Porque ese «emprendimiento» no ha sido jamás emprendimiento real, sino el viejo y sempiterno gasto público a cargo de las generaciones futuras.