Lo que pasó el lunes en toda España, el apagón general, va pareciendo que no fue un ciberataque de una potencia extranjera. Mejor así. Sin embargo, no fue un fallo técnico como podría pensarse, por otro lado. No fue un error de un operario, por ejemplo, al ejercer, incorrectamente, una de sus funciones lo que desató el desastre. Tampoco fue, por ejemplo, un problema de fatiga de materiales no prevista o imprevisible u otro problema ajeno a la voluntad humana que tuviera que ver con la tecnología de producción eléctrica. No, no fue eso. Fue un fallo económico: un problema de errónea asignación de los recursos para invertir en tecnología de producción eléctrica y ajustar la demanda a la oferta en un momento concreto.

Pero no fue un fallo de mercado, de esos que tanto les gusta encontrar a las autoridades para justificar su intervención, sino que fue un fallo del planificador, un fallo de Estado. Un fallo de intervención.

Un fallo de unas autoridades que desconocen lo más mínimo sobre lo que un sistema de precios libres asegura: una correcta asignación de los recursos disponibles a las necesidades que se demandan en cada momento. Y entre los recursos disponibles está, también en cada momento, la tecnología que los consumidores pueden pagar. Puede haber otra tecnología, pero no es mejor si no puede producir a precios más baratos, y si no puede hacerlo, o hay que abandonarla o hay que seguir invirtiendo en ella. Al final, si termina siendo mejor, desplazará a las antiguas y los que apostaron por ella se harán ricos, en justa recompensa a su acierto, que no tanto a su esfuerzo.

Los precios son falsos y orientan mal las decisiones, de inversión, producción y consumo. Las regulaciones corrigen abruptamente las respuestas que el planificador no consigue con sus precios fake

Pero aquí, en la Unión Europea en general, y de manera muy particular en España, se nos ha negado el derecho a la información que hay en un sistema de precios libres. Funcionamos con precios fake que no orientan las decisiones económicas (inversión, producción y consumo) en la dirección correcta en cada momento, porque el objetivo está decidido por las autoridades de antemano. Cuanta más resistencia pone la realidad económica, insisto que no la tecnológica, que esa da la cara muy muy pronto, más violencia institucional se ejerce interviniendo precios y regulando. Los precios son falsos y orientan mal las decisiones, de inversión, producción y consumo. Las regulaciones corrigen abruptamente las respuestas que el planificador no consigue con sus precios fake.

Esto no fue un cisne negro, como lo fue el vendaval Filomena sobre Madrid, ni la Dana sobre Valencia. Hechos naturales extraordinarios contra los que no cabía más que la reacción a posteriori y una buena política de prevención a priori. Esto fue un imprevisto muy previsible que, como muchas catástrofes que tienen su origen en errores económicos, se sabe que van a ocurrir, pero no cuando ni con qué intensidad. Para que me entiendan: ya sabíamos que en Barcelona iba a haber escasez, y por tanto carestía, en el mercado de alquileres, a la vista de las actuaciones públicas en dicho mercado. En el mercado eléctrico, ya sabíamos que subvencionar soluciones tecnológicas que funcionan técnicamente pero no son eficientes aun económicamente, es decir que son todavía caras, no iba a dar buen resultado. Ya sabíamos que despreciar soluciones tecnológicas ya eficientes y falsear los precios iba a generar lo que se produjo en algún momento: la desaparición de 15 gigavatios de generación. O más bien, porque la energía ni se crea ni se destruye, la falta de 15 gigavatios de oferta en un momento en que eran necesarios. Ya lo temía REE, que el pasado día 9 negaba que fuera a haber cortes de suministro.

Exceso de inversión ineficiente

De fallos de estos está llena la Historia. Todos se caracterizan por el control de precios y el exceso de regulación. Algunos, además, por el exceso de inversión en lo que no es eficiente en términos económicos, como en este caso. Ya sea en tecnologías o bienes de inversión (recuerden la burbuja inmobiliaria) favorecidos por una regulación que no entiende que las leyes no sólo las dicta el BOE para nuestro confort intelectual y el bolsillo de nuestros amigos.