Las múltiples denuncias de injerencias políticas en el pronunciamiento, pese al rotundo mentís gubernamental, deja tocada la credibilidad del sistema; además, erosiona la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba en algunos sectores en su carrera por ser el sustituto de Zapatero y sufre la cohesión interna en el PP.
La campaña para las elecciones municipales y forales del 22-M apenas ha consumido unas horas, intensas pero horas. Faltan aún dos semanas para que se desvelen los resultados. Pero el recorrido político-judicial del ‘caso Bildu’, que terminó en la madrugada del jueves al viernes con el levantamiento del veto a la coalición que recoge el testigo de la izquierda abertzale tradicional, deja damnificados. Al menos tres.
Las múltiples denuncias de injerencias políticas en el pronunciamiento de los magistrados, pese al rotundo mentís gubernamental, deja tocada la credibilidad del sistema. Pero, además, sale erosionada la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba en algunos sectores progresistas en su carrera por ser el sustituto de Zapatero como próximo cartel electoral del PSOE y sufre la cohesión interna en el PP.
Desde el mismo momento del fallo y durante toda la jornada de ayer, portavoces del PP, de Bildu, de algunas asociaciones de víctimas e importantes sectores mediáticos sugirieron, cuando no afirmaron abiertamente, que el plácet del TC a Bildu fue una decisión ‘cocinada’ desde la Moncloa. También se dejaron oír voces judiciales apuntando en la misma dirección, incluso con algún nombre y apellido, pero en privado.
Nada extraño, pues, que el portavoz del Gobierno central y el lehendakari Patxi López se vieran en la obligación de salir a la palestra para desmentirlo, tildar tales palabras de «infamia» y garantizar que «en nuestro país rige el Estado de Derecho y la separación de poderes».
Lo ocurrido vuelve a poner en cuestión la idoneidad del sistema de cuotas políticas que impera en la elección de los integrantes de los máximos órganos judiciales porque va en detrimento de la credibilidad de su independencia. Tanta sintonía en los grandes debates en las posiciones de los magistrados elegidos a propuesta del PP, de una parte, y los señalados para el puesto por el PSOE, de otra, -por más que el jueves se produjera un desmarque en las filas progresistas hacia el ‘no’ a Bildu, el de Aragón Reyes, curiosamente el mismo magistrado que endureció la sentencia contra el Estatut catalán- da que pensar. Y no para bien.
Sensibilidades
El ‘caso Bildu’ ha hecho aflorar otra vez las diferentes sensibilidades que coexisten en el seno del PSOE sobre cómo y con qué ritmos afrontar los movimientos que se vienen produciendo en el mundo de ETA y la antigua Batasuna. Diferencias que muchas veces tienen su origen en el intento de colocar la posición del partido lo más cerca posible de lo que se considera la opinión mayoritaria de los ciudadanos. Y en este asunto existe una enorme brecha entre lo que piensa la mayoría de la sociedad vasca y la del resto de España.
Con el PP instalado en posiciones de máxima dureza contra una izquierda abertzale que aún no ha roto definitivamente con ETA, el Gobierno Zapatero y el PSOE tenían dos opciones: o sumarse o marcar su propio perfil. Ferraz y Moncloa eligieron el primer camino, y Fiscalía y Abogacía del Estado lideraron el intento de parar a Bildu. Todo con el propósito de evitar que la figura del candidato del aparato a suceder a Zapatero como cabeza de cartel, Rubalcaba, sufriera nuevas erosiones.
Al final esta estrategia no ha terminado de funcionar. El PP es quien capitaliza casi al completo el rechazo a la izquierda abertzale y los movimientos diseñados por el vicepresidente no han hecho sino enfadar al PNV, y distanciarle de parte del PSE y de amplios sectores progresistas del resto de España cuyo voto deberá buscar en las generales, si logra ser investido como candidato.
Tampoco en las filas populares todo es armonía. La organización al unísono comparte el disgusto por el retorno de la izquierda abertzale tradicional, a través de Bildu, al grueso de los ayuntamientos vascos y a las tres Juntas Generales -en el último cuatrienio ha tenido unas decenas de representantes tras las siglas de ANV-. Retorno que considera precipitado y perjudicial para acabar con ETA.
Pero, el ex ministro Mayor Oreja y su círculo aprovecharon ayer lo ocurrido para emplazar a Basagoiti y a Rajoy a romper el pacto vasco por el cambio que mantienen los populares con el PSE. Sin éxito ni aquí ni en Génova. La andanada se repetirá con certeza si el electorado no refrenda el día 22 el necesario viaje al centro emprendido por Basagoiti y se traduce en alguna cuota de poder.
Alberto Ayala, EL CORREO, 7/5/2011