Las vicisitudes judiciales que hasta el momento ha atravesado García Ortiz obedecen al normal funcionamiento del Estado de Derecho. El alto tribunal calificó su actuación en el ascenso de la exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de sala de «desviación de poder», anulando tal decisión. Lo que, a su vez, ha resuelto revisar el Tribunal Constitucional. El mismo Supremo decidió en la víspera de la comparecencia que su nombramiento como fiscal general era plenamente legal e idóneo.

Ahora Álvaro García Ortiz se encuentra inmerso en una investigación que no puede eludir por la presunta filtración de datos confidenciales sobre un ciudadano -Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso- que le acusó por ello. El argumento empleado profusamente por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y otros miembros del Gobierno y del PSOE de que era una anomalía democrática investigar al fiscal general por decir la verdad en un caso de supuesto fraude fiscal frente a bulos no sirve para su defensa, sino todo lo contrario. García Ortiz, a preguntas de su abogado, declaró que «no, rotundamente no» había filtrado los correos del abogado de González Amador, ni había dado instrucciones para ello.

Es evidente que el caso ha tensado las relaciones entre los poderes del Estado. La propia imagen de quien debe velar por el cumplimiento de la ley entrando en el Supremo para dar cuenta de si infringió la legalidad ensombrece al Estado de Derecho. Pero, llegados a este punto, la única manera de que las aguas de la división de poderes regresen al cauce que no debieron desbordar es que la investigación siga adelante sin que desde la Fiscalía General o el Gobierno se proceda, expresa o veladamente, a juicios de intenciones contra integrantes del Poder Judicial.