- En cuanto supo del vínculo sentimental de Alberto González Amador con Ayuso, forzó rajar el acuerdo de conformidad sobre el litigio con Hacienda, y amenazó a quienes se negaron a secundar la tropelía
Para analizar los enredijos del presente no está de más volver a un clásico como «Un hombre para la eternidad» sobre el conflicto entre un hombre de conciencia como Tomás Moro y el déspota Enrique VIII, del que era consejero y amigo hasta que lo decapitó. En este drama teatral, el Lord Canciller se enfrenta al dilema que le traslada su yerno apremiándole a que emplee su poderío contra un mortal enemigo. En ese brete, Tomás Moro discierne que, al no constarle que haya infringido providencia alguna, debe protegerle.
Ante la reacción colérica de quien le tacha de hereje, el filósofo y político le replica: «Romperías la ley para castigar al Diablo, ¿verdad?». Con mayor vehemencia, su escucha vuelve a la carga: «¿Romperla? Con tal de apresarlo suprimiría todos los códigos». Frente a tamaña desmesura, Moro le rebate: «Y cuando hayas talado todo el bosque de las leyes de Inglaterra, ¿Dónde te esconderás si el demonio se vuelve contra ti?». Sin aguardar contestación, aquel recto cumplidor de la ley se responde: «Sí, por mi propia seguridad, reconoceré el amparo legal al mismo Satán».
Afortunadamente para Álvaro García Ortiz, tras conducirse como el yerno de Moro para destruir a una rival de aquel al que le debe un puesto que desmerece, la Justicia española aún está en condiciones de prestarle cobijo también a él, aunque no se sepa cuanto por la ofensiva gubernamental contra su independencia. Así, pese a ser calificado de «inidóneo» por el Poder Judicial y acusado de «desviación de poder» en pro de su antecesora, Dolores Delgado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo rechazó ayer el recurso de la asociación mayoritaria de la carrera contra su renovación por Sánchez en 2023. Salva una bola de partido en vísperas de su declaración de hoy ante el magistrado Hurtado como investigado por revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña Ayuso.
Paradójicamente, el primer fiscal general encausado en España, al no presentar su dimisión, comparecerá como fiscal y parte lo que le retrata y patentiza la carencia del Estado de derecho cuando los garantes de preservarlo lo usan en su provecho. Justo al revés que Tomás Moro ante la requisitoria de que se saltara la ley contra un antagonista. Sin duda, García Ortiz goza del abrigo de esta, como ayer resolvió la Sala de lo Contencioso al validar su designación, si bien hay que evitar, para preservar el Estado de derecho, que ningún ángel del mal se adueñe porque, «talado todo el bosque de las leyes», ningún contrincante hallará justicia.
Lo cierto es, bajo el manto de la Abogacía del Estado y del propio Ministerio Público por medio de una subordinada, lo que habla del uso privado de esas instancias, García Ortiz se enfrenta esta mañana a la amenaza de banquillo al reincidir en su desviación de poder para —como confesó— ganar que Sánchez le ganara el relato a Ayuso, en vez de atenerse a su «defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público». Sin pararse en barras, no sólo ha quebrantado supuestamente el secreto de las actuaciones, sino que, en cuanto supo del vínculo sentimental de Alberto González Amador con Ayuso, forzó rajar el acuerdo de conformidad sobre el litigio con Hacienda, y amenazó a quienes se negaron a secundar la tropelía frente al entusiasmo del «A tus órdenes, jefe» de quien se quedó con «ganas de incorporar un poco de cianuro» contra Ayuso. Ni el yerno de Tomás Moro.
Llegada la hora de la verdad, García Ortiz tendrá contestar hoy al juez Escribano la pregunta que la fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra le transmitió, tras negarse a la componenda, la mañana del 14 de marzo al publicarse los correos entre el fiscal y el letrado de González Amador: «Álvaro, ¿los has filtrado tú?», a lo que este tiró por la tangente: «Eso ahora no importa». Si tal evasiva tenía caracteres de evidencia al igual que el borrado de mensajes, junto al cambio de terminal, habrá que ver qué resuelve el juez Escribano cuando, para más inri, sólo eliminan los mensajes García Ortiz y su cuadrilla. Ello tal vez explica que Sánchez verbalizara su alivio al evaporarse los wasaps de «su fiscal» como le llama desde el inequívoco: «¿La Fiscalía de quién depende? Depende del Gobierno. Pues ya está».
Perdido el relato y ante la posibilidad de perder también en el pleito sentándolo en el banquillo, la degradación de la fiscalía general española es pareja a la de los países del «Grupo de Puebla». De hecho, coincidiendo con su gira por España de mayo de 2023, el presidente colombiano Petro, antiguo jefe de la narcoguerrilla M-19 y adalid de la alianza que tiene a Zapatero de canciller, protagonizó una descomunal trifulca con el entonces fiscal general, Francisco Barbosa. A raíz de salir este al rescate de un colega al que el mandatario criminalizó, Petro le recriminó que olvidara que «yo soy el jefe de Estado y, por tanto, su jefe» apelando mendazmente a su Constitución. Rememorando su rol en el M-19 y su asalto al Palacio de Justicia de Bogotá en 1985 para quemar sumarios de los cárteles de la droga, Barbosa colegía que lo que Petro perseguía desde el Gobierno era calcinar el orden legal como en Maduro en Venezuela.
A media que se enreda su horizonte penal, Sánchez ejecuta también en este terreno el programa que le quitaba el sueño de Pudimos y que le hizo repudiar a Pablo Iglesias en junio de 2016, para luego ser su vicepresidente, por anteponer «el control de los jueces, de los fiscales, de los policías, de los espías y el derecho de autodeterminación de Cataluña, Galicia y País Vasco». Basta observar su plan para tener jueces y fiscales afines potenciando el «cuarto turno», amén de someter las Salas del Supremo que podrían enjuiciarle y de anular unas acusaciones populares que le traen por la calle de la amargura. Sánchez prefiere reivindicar al yerno de Tomás Moro que al ejemplar Lord Canciller.