El Estatuto del ministerio fiscal sí fija el deber de guardar «el debido secreto de los asuntos reservados» conocidos «por razón de su cargo», con amenaza de castigo si se incumple; y esta normativa abre la puerta a suspender de empleo y sueldo a los funcionarios en caso de procesamiento. Pero las previsiones no alcanzan a la figura del fiscal general, especialmente protegida por el peso de su función en el ordenamiento constitucional. Solo García Ortiz puede resolver si sigue en el cargo, como ha sido su intención hasta ahora, o dimite.

Como cualquier encausado, él tiene pleno derecho a la presunción de inocencia. Y a argumentarla después de que el dilema jurídico en juego haya quedado reflejado en la división de la Sala de Apelaciones; en la decisión unánime de esta de exculpar a la fiscal jefe de Madrid por falta de pruebas; y en el descarte, también por los tres magistrados, de la tesis del instructor de que García Ortiz habría instigado la filtración sobre el novio de Ayuso a instancias del Gobierno para perjudicar a una rival política. Pero la situación del fiscal general se ha hecho insostenible por la falla en la credibilidad de la institución que induce su procesamiento y que erosiona al conjunto de quienes integran el ministerio público encargado de perseguir el delito, a los fiscales con su superior jerárquico imputado. El presidente Sánchez reafirmó su apoyo a García Ortiz. Pero si algo demuestra el auto de la Sala de Apelaciones es que se han respetado las garantías procesales y la inconveniencia de un cierre de filas que cuestiona la obligada independencia de quien dirige la Fiscalía.