ABC 03/07/13
El presidente de la Sala Penal de la Audiencia, Marlaska, ve en cambio «excesiva» esa opinión
El número dos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, aseguró ayer que la legislación penitenciaria que se aplica a los presos etarras es «débil y acomplejada», una opinión que no comparte el presidente de la Sala Penal del mismo órgano judicial, Fernando Grande-Marlaska, quien horas después, y en el mismo foro (los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid), señalaba que le parece una conclusión «un poco excesiva».
Beneficios en prisión Alonso cree que el derecho penitenciario permite unas «salidas y posibilidades inmensas» para los etarras
Para el teniente fiscal las reformas jurídicas han llegado «tarde» a la lucha contra ETA y la legislación penitenciaria ha sido «bastante débil» y «muy acomplejada» con los presos terroristas. Durante su intervención en el curso «Memoria y Justicia ante el relato final del terrorismo», Alonso confesó que en este «tramo final» existen «grandes dificultades».
«Nuevas armas legislativas»
El fiscal se refirió a los instrumentos «antiguos» con los que ha contado siempre la justicia para enfrentarse a los terroristas, fundamentalmente a aquellos condenados en los años más duros de ETA, en los años ochenta y comienzos de los noventa. «Con 15 ó 18 años a lo sumo estaban en la calle. Y de eso nos dimos cuenta muy tarde», reconoció Alonso, quien valoró la reforma del Código Penal de 1995 y las «nuevas armas» legislativas de los últimos años, como que el delito de asesinato terrorista ya no prescriba.
En este contexto, sostuvo que la legislación penitenciaria ha sido el «gran coladero del derecho penal», ya que lo que se conseguía con una condena se perdía con una ley penitenciaria «bastante débil, no suficiente madura, muy acomplejada y que olvida a la víctimas». Es precisamente la ejecución de lo juzgado una de las partes más importantes de la Justicia, dijo, y en esta línea lamentó que el derecho penitenciario permita unas salidas y posibilidades «inmensas» para el condenado.
«La legislación penitenciaria es un derecho muy humanitario que se ha quedado obsoleto porque olvida a la víctima y si se olvida de ella, se olvida el Derecho Penal», añadió Alonso, quien apostó por que los colectivos de víctimas participen en todos los ámbitos del procedimiento judicial, incluido el de la ejecución de la pena. El «número dos» de la Fiscalía de la Audiencia defendió también la vigencia de la «doctrina Parot» (que prevé la aplicación de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas impuestas y no sobre el máximo de cumplimiento efectivo de la pena). Sostuvo que su derogación supondría quedarse sin uno de los instrumentos de la lucha contra ETA, ya que ha supuesto «un gran acicate para que se produzcan deserciones en el ámbito de ETA».
Horas después, y ya en el curso de la tarde, el juez Grande-Marlaska calificaba de «excesiva» la apreciación de Alonso sobre la debilidad de la legislación penitenciaria y recordó que actualmente «se puede llegar a los 40 años de prisión continuada» en España, y que la mayoría de los miembros de ETA «llevan más de 15 años de prisión ininterrumpida en primer grado, donde no tienen derecho a nada», según el magistrado. «Llegar a esa conclusión es excesivo», señaló el juez en alusión a las palabras de su compañero.
Las grandes olvidadas
Grande-Marlaska hizo también una mención a las víctimas del terrorismo, por las que, sobre todo en los ochenta, «nadie se preocupaba» ni el País Vasco ni en el resto de España. Durante años han sufrido una «victimización secundaria», dijo.