LA OPERACIÓN de la Guardia Civil y la Audiencia Nacional contra miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) es una respuesta proporcional al intento de agitar la calle y, en última instancia, subvertir el orden constitucional. Pese a que estos comandos separatistas se presentan como un movimiento político pacífico y democrático, lo cierto es que sus actos han provocado graves desórdenes públicos. Se trata, tal como ha advertido la Fiscalía, de acciones violentas ejecutadas de forma coordinada con el objetivo de «provocar un clima de agitación social». Por tanto, la deriva violenta del proceso soberanista no sólo debe atajarse de raíz, sino que tampoco deben quedar impunes las agresiones cometidas hasta la fecha.

El Estado de derecho tiene la obligación de protegerse de quienes intentan derribarlo. Éste es un principio absolutamente irrenunciable para cualquier demócrata. Los autodenominados Comités de Defensa de la República han cortado carreteras y no han tenido reparos en amenazar a jueces y a sus familias. Y todo ello en medio del clima insurreccional con que el separatismo, crecido a raíz de la puesta en libertad provisional de Puigdemont en Alemania, pretende seguir amedrentando al Estado. De hecho, la persona detenida ayer por la Guardia Civil disponía de documentación del cuartel que este cuerpo policial tiene en Barcelona, además de cartelería, una agenda, teléfonos móviles y un ordenador. La arrestada también ha sido relacionada con un mensaje de audio que se distribuyó entre activistas tras la detención del ex president en el que instaba explícitamente a los CDR a participar en el «bloqueo» de Mercabarna y el puerto de la capital catalana.

Los dos detenidos en la operación de ayer están imputados por presuntos delitos de rebelión y terrorismo por el titular del Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional. Las acciones de sabotaje de los CDR no pueden considerarse una analogía estricta de la kale borroka, en la medida en que no ejercen violencia complementaria de una banda terrorista en activo. Sin embargo, se trata de grupúsculos que atentan gravemente contra la paz pública y tratan de inocular la intimidación en la sociedad catalana. El juez estima que la actividad perpetrada por los CDR busca subvertir el orden constitucional. Y aunque la reforma del Código Penal de 2015 agravó el delito de terrorismo, nuestro ordenamiento jurídico contempla un arsenal punitivo suficiente como para tipificar sin excesos los ilícitos penales en que han incurrido los comandos separatistas. La batalla legal para poner coto a la deriva violenta en Cataluña requiere de contundencia, pero también de la máxima precisión garantista. Entre otros motivos, para evitar la explotación propagandística por parte del independentismo de aquellas medidas judiciales ejecutadas al amparo del Estado de derecho.