El decreto 14/2022 –salimos a dos por mes este año– sobre «sostenibilidad económica y eficiencia energética» tiene ochenta y tres páginas, de las que la farragosa introducción y exposición de motivos ocupa más de treinta. Es un texto-ómnibus que mezcla ayudas a autónomos y empresas en crisis, subsidios, becas, correcciones de medidas previas, ayudas al transporte y hasta modificaciones en la navegación aérea.

Las prescripciones de ahorro eléctrico propiamente dichas, las que han levantado la polvareda, apenas representan dos folios y están llenas de errores, olvidos, ambigüedades e incongruencias, al punto de que ya ha habido que introducir a posteriori varias enmiendas. El problema de este fárrago ordenancista no es, como se quejan los dirigentes autonómicos, de invasión de competencias sino de un letal despliegue de incompetencia. La colaboración de cientos de asesores y miles de funcionarios de carrera no es suficiente para que este Gobierno de aficionados sea capaz de emitir una normativa de mínima seriedad jurídica y técnica. Quedó claro durante la pandemia: Sánchez y su equipo están inhabilitados para afrontar una situación de emergencia.

El Covid, un desafío de país que requería máxima confianza en el liderazgo, fue abordado mediante una escandalosa sucesión de engaños, chapuzas administrativas y un catálogo de disposiciones de corte autoritario como aquellos dos estados de alarma revocados por conculcar derechos ciudadanos. Toda la gestión (?) sanchista es una parodia de gobernanza, un simulacro improvisado, torpe, ineficiente y caro. Hasta algo tan simple como un cartel publicitario –el de las gordas, pongamos por caso– se convierte en manos de esta gente en un ‘fake’, una sucia manipulación, una impostura, un plagio. Su reglamentación-basura, esa ‘fast legislation’ en feliz sintagma de María José Fuenteálamo, sólo demuestra interés en una retórica de propaganda impregnada de insufrible énfasis dogmático.

Esta es la hora en que resulta imposible saber la temperatura exacta exigida en la refrigeración de la hostelería y el comercio. Tampoco existe claridad sobre si el apagado obligatorio afectará a catedrales, puentes y otros monumentos, ni siquiera sobre el margen de las autonomías para establecer su propia regulación al respecto. El mandato gubernativo es un bodrio del que sólo puede salir, como en el confinamiento, una sensación general de trastorno y desconcierto. Y constituye un anticipo del descalzaperros que puede sobrevenir si es menester abordar restricciones más duras en invierno. Por ende, el Ejecutivo carece de autoridad moral para reclamar a la población sacrificios severos sin reducir el derroche sistemático de su pléyade de ministerios. La España semi a oscuras que viene es la metáfora de una dirección sin luces, un poder inepto para reaccionar con la debida solvencia ante cualquier contratiempo.