Concretamente, de la Cumbre Global Alianza para el Gobierno Abierto, de la que nuestro país es anfitrión este año.

Para el presidente, la perspectiva de intervenir en esta Cumbre como único primer ministro (2.000 representantes internacionales haciendo lucido bulto, pero muy por debajo de su nivel de autoridad) suponía una especie de Second Life caído del cielo. Un parque de golosinas en la preciosa capital vasca donde darse un baño internacional sacando a pasear su glosario favorito.

Pedro Sánchez y la transparencia: ese oxímoron gobernante.

La Cumbre de Vitoria debía ser un digno punto de encuentro en nuestro país para ese muestrario internacional de iniciativas, lecciones aprendidas y conocimiento compartido que se celebra cada dos años.

Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos: esos son los cuatro pilares irreemplazables que sustentan el Gobierno Abierto, de cuya Alianza forma parte España desde su nacimiento en 2011. Ya vamos por el V Plan.

Pero nuestro presidente se hizo carne y se presentó sin rebozo como paladín de un gobierno moderno, abierto, responsable y participativo. Implacable contra la corrupción, infatigable en la batalla de la transparencia con nuevas leyes, portales y sanciones.

“La promoción de una gobernanza responsable, participativa y transparente nunca ha sido más importante que en estos tiempos que vivimos”.

Vibrante, si no fuera por los miles de expedientes de acceso a la información que el Gobierno rechaza o directamente ignora: hasta un 40 % del total. La mayoría ni se responden. En otras, se deniega la información invocando causas como defensa, relaciones exteriores o seguridad nacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, durante una sesión de Control al Gobierno. Europa Press

“Ese es nuestro compromiso: seguir avanzando. Sin retrocesos, sin rodeos y sin excusas. Seguir avanzando hacia una democracia que no se encierra en los despachos, sino que se abre al escrutinio, a la participación y al diálogo social”.

Espléndido. Si no fuera por el incumplimiento continuado de las resoluciones del Consejo de Transparencia, incluyendo las referidas a la identificación de asesores o a la transparencia de las agendas oficiales.

“Aunque no existe, evidentemente, la corrupción cero, sí debe existir la tolerancia cero contra la corrupción”.

Ejemplar. Si no fuera porque el incumplimiento sistemático de las leyes de transparencia permite que muchas irregularidades permanezcan invisibles a los ojos de la ciudadanía.

Además, en los ranking de corrupción/percepción de corrupción, España está empeorando.

Transparencia Internacional señala estancamiento institucional y reformas pendientes que no se han materializado, con críticas en particular al Plan Estatal Anticorrupción por falta de claridad, coordinación, recursos e independencia real de los organismos propuestos.

“Debemos tomar medidas ambiciosas y ejemplares en materia de transparencia, integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y apertura institucional. Porque ganar confianza es ganar democracia”.

Magnífico. Si no fuera porque choca frontalmente con la realidad: muchas propuestas de la sociedad civil son ignoradas y las multas por incumplimiento son simbólicas.

“Responder a la corrupción con valentía, con ideas y propuestas, con decisión; y no taparla y silenciarla, como desgraciadamente hacen algunos”.

Ay, «algunos». Ay, la valentía.

Y así todo. Otro charco de cinismo.

La transparencia no se exhibe en un escenario. Se ejerce en la práctica diaria, en la capacidad de los ciudadanos de acceder eficazmente a la información y fiscalizar así la gestión pública.

El gobierno promete una nueva Ley de Administración Abierta como panacea para todos los males de la transparencia. Pero no reemplaza la necesidad cierta de una Ley Orgánica de Transparencia, blindada y efectiva, que cumpla con los estándares europeos y garantice derechos fundamentales a los ciudadanos.

La Fundación Civio denuncia que, mientras se anuncian 218 nuevas iniciativas, compromisos clave del plan anterior siguen ignorados o archivados, incluso algunos prometidos a organismos europeos anticorrupción como GRECO.

Se está retrasando lo estructural (reforma de la Ley de Transparencia, de incompatibilidades, mecanismos de control de lobbyes, publicación detallada de presupuesto, etcétera), mientras sólo se lanzan medidas-bengala.

Lo que revela el escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil es que la credibilidad queda gravemente erosionada cuando los compromisos son vagos; los plazos, inexistentes; las sanciones flojas, y los mecanismos de supervisión débiles.

Si queremos que la transparencia deje de ser un eslogan vacío, las promesas deben transformarse en obligaciones vinculantes, los órganos independientes deben contar con poder efectivo y los ciudadanos deben poder ejercer su derecho de acceso a la información con garantías.

Sólo así el Gobierno Abierto dejará de ser un sintagma posmoderno y se convertirá en el único modelo posible de gobernanza en democracia.

Mientras no consigamos que esto suceda, dará igual que nuestros gobernantes hablen de gobierno abierto, porque seguirán rodeados de muros invisibles, y nosotros continuaremos escuchando discursos certeros como drones para hacer eficaz el paripé.

Tal vez la verdadera pregunta no sea qué impide cumplir las promesas, sino por qué se siguen haciendo promesas que se sabe que no se cumplirán.

Menos mal que el rey Felipe VI, nuestro jefe del Estado, ha clausurado la Cumbre de Vitoria recordándonos lo que significa el Gobierno Abierto: la vía para renovar la forma en que se conciben y se ejercen los asuntos públicos. No sólo desde una visión administrativa, sino radicalmente social, de cultura común, para sostener la confianza, ese activo democrático que nace de la coherencia entre las palabras y las acciones y se consolida a través del ejemplo.