El Gobierno de la Generalitat que va a presidir, bajo la tutela de la CUP y la veleidad radical de JXCAT, Pere Aragonés García, tratará de combinar un cierto pragmatismo con el “embate” al Estado. La expresión ha venido siendo profusamente utilizada por los separatistas y tiene una significación muy precisa en castellano: acometida impetuosa. Los líderes independentistas han eludido referirse a la unilateralidad y han sustituido el término por ese otro que remite a la idea de choque y confrontación. Pretenden optimizar la debilidad del Gobierno de Sánchez al que someterán a la incómoda postura de quien está entre la espada y la pared. Ellos tienen los votos en el Congreso para que el Ejecutivo y la legislatura sobrevivan, pero en la medida en que obtengan réditos de esa posición tan prevalente, el PSOE merma su electorado. Los secesionistas siempre ganan y los socialistas siempre pierden porque las victorias parlamentarias que obtengan con ERC y con Bildu serán el germen de su derrota electoral. 

Se ha podido comprobar en la sesión de investidura del republicano que el suyo es un Gobierno contra España. Evitemos los eufemismos: cuando se refieren al Estado y a la independencia lo están haciendo a España y a la segregación a las bravas del territorio de Cataluña, respectivamente. Eso de “a la escocesa” es delirante. Nada puede ser más ofensivo para una sociedad que el intento de su desmembración territorial. De ahí el énfasis de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a propósito de la crisis de Ceuta: “Defenderemos nuestras fronteras; defenderemos la integridad territorial de España” y también “con España no se juega”. Ese mismo discurso es el que necesitan escuchar los españoles y, de entre ellos, aquellos catalanes que se sienten -además de serlo- españoles y los independentistas que sin sentirse españoles, también lo son.

Este Gobierno de la Generalitat contra España presenta algunas características que deben ser subrayadas. Las tres fuerzas en las que se apoya obtuvieron poco más del 50% de los votos en las elecciones del 14 de febrero pasado en las que participó sólo el 53,54% del censo electoral, esto es, se emitieron 2.874.610 votos, de los cuales 1.360.000 optaron por ERC, JXCAT y CUP. Añadamos los del PDCAT que no obtuvo representación: 77.000; hubo 40.966 papeletas nulas y 24.021 en blanco. El censo electoral total en Cataluña es de 5.623.962 ciudadanos. Por lo tanto, los catalanes que han votado al conjunto de fuerzas independentistas es del 25,5% del censo total, lo cual no deslegitima nada pero ilustra sobre la fragilidad de su respaldo popular. En 2017, aunque los separatistas no llegaron al 50% de los votos y con una participación histórica del 79%, lograron en conjunto más de dos millones de votos, así que el 14-F se quedaron en casa 600.000 electores secesionistas. ¿Efecto pandemia? Sí, pero algo más. Cuidado, pues, con los trampantojos. Los separatistas están perdiendo apoyo en Cataluña por vía de incomparecencia. Por lo demás, otro dato: lo mismo que ocurriera en 2017 con Ciudadanos, en 2021 el partido más votados ha sido el PSC (652.000 votos). 

Este Gobierno profundamente antiespañol como se encargan algunos de subrayar hasta la zafiedad -es el caso de Puigdemont a propósito de crisis con Marruecos, pero no solo- no aspira a una legislatura. A Aragonés el separatismo le someterá en dos años a una moción de censura para examinar si es o no un “botifler” (o “autonomista”) lo que implicará que el complejo de los menestrales dirigentes de ERC hará que estén pendientes de los burgueses de JXCAT, de lo que les gusta y de lo que les disgusta. De momento, y pese a tener los republicanos más escaños (33) y más votos que los del partido del expresidente fugado (32), el recluso Jordi Sánchez se ha llevado el gato al agua acaparando las consejerías con mayor capacidad de gasto e inversión: Economía y Hacienda, Salud, Políticas Digitales, Infraestructuras y Agenda Urbana, Acción Exterior, Justicia, Investigación y Universidades y Derechos Sociales. El control sobre el presupuesto de los radicales que Félix de Azua califica con propiedad de “extrema derecha” -más radicales que ERC, que ya es decir- es casi absoluto y las dos carteras significativas que han logrado los republicanos son Educación e Interior. No menores, pero conflictivas y con habas presupuestarias contadas.

Las prioridades del Gobierno catalán son la amnistía y la autodeterminación. Ambas, inviables. Y su planteamiento en una mesa de diálogo reseteada resultaría humillante para el Gobierno de Sánchez que quiere, una vez pasen las primarias andaluzas en junio, aprobar los indultos desafiando a la fiscalía y, seguramente, a la Sala Segunda del Supremo, aunque los reales decretos del Consejo de Ministros (que deben estar motivados) serán impugnados ante la Sala Tercera del Alto Tribunal. Un calvario para Sánchez, para los millones de sufridos catalanes y un serio problema para España y para su Estado porque la dirección del independentismo -la épica, la moral, la identitaria- quedará en manos de quienes siempre la tuvieron: los supremacistas de Waterloo, aliados de la extrema derecha europea. 

Es importante la dignidad en política y sería deseable que Pedro Sánchez la antepusiera al poder, entre otras razones porque, siguiendo a Jorge Luis Borges, “la derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce”. Y el Gobierno de España no puede ir de la mano y de acuerdo con un Gobierno contra España que mi colega y amigo Ignacio Camacho ha definido con justeza como “carcelario”. Más vale que el Ejecutivo sea dignamente derrotado en la batalla política que sostenerse, para terminar cayendo, en las muletas de los que pretenden abierta y literalmente la destrucción de la Nación y del Estado.