El shock de oferta derivado de la crisis iraní ya ha impactado sobre una estructura productiva ya debilitada por el intervencionismo y una fiscalidad exorbitante.

Ante la escalada de los precios energéticos derivada por la operación Furia, la respuesta del Gobierno social-comunista es insuficiente y esquizofrénica. 

La esquizofrenia se refleja en un espectáculo dantesco: no hay un Gobierno, sino dos.

En esa bicefalia disfuncional, cada facción, la socialista y la comunista, ha parido su propio Real Decreto-Ley, compitiendo no por la eficiencia, sino por ver quién impone una mayor dosis de ingeniería social sobre un mercado que solo pide aire para respirar y para intentar comprar los votos que les dicen adieu.

En ese contexto, la bajada de impuestos indirectos sobre la energía es la única medida que apunta en la dirección correcta.

La fiscalidad sobre los hidrocarburos no afecta sólo al recibo doméstico; actúa como un arancel interno que encarece de origen de inputs esenciales para la industria y eleva de manera artificial sus costes de producción.

La bajada de impuestos indirectos sobre la energía es la única medida que apunta en la dirección correcta

Aliviar esta presión es la única forma de evitar que la fiscalidad convierta un shock de oferta en una hemorragia de liquidez para las empresas.

Sin embargo, esas rebajas son insuficientes. Reducir unos puntos el IVA o suspender temporalmente gravámenes a la generación son meros cuidados paliativos para un paciente necesitado de cirugía mayor.

Mientras el Gobierno saca pecho por estas migajas fiscales, mantiene intacta una brutal presión impositiva sobre las rentas del trabajo y del capital.

Es el viejo truco del trilero: se devuelve una fracción infinitesimal de la renta disponible en la factura de la luz o en el recibo del surtidor mientras sustrae, por ejemplo, una cantidad sustancialmente mayor mediante la no deflactación de la tarifa del IRPF.

En términos de presión fiscal efectiva, el contribuyente español sigue perdiendo terreno frente al Estado.

A partir de ahí, el resto de las medidas contenidas en esta dupla de Reales Decretos-Leyes constituye un manual de instrucciones sobre cómo destruir una economía funcional en tiempo récord.

El empeño en topar precios y establecer subvenciones directas a sectores seleccionados por el arbitrio del burócrata de turno es, sencillamente, suicida.

Al intentar «anestesiar» el sistema de precios, el Gobierno destruye la señal esencial que permite a los agentes económicos adaptarse al nuevo entorno de escasez.

El resto de las medidas contenidas en esta dupla de Reales Decretos-Leyes constituye un manual de instrucciones sobre cómo destruir una economía funcional

Si el precio no refleja la realidad del coste marginal, el incentivo para la producción desaparece, transformando un problema de costes en un problema de carestía absoluta.

Lo que el Consejo de Ministros (o los dos Consejos de Ministros en la sombra) califica como «escudo social» no es más que un corsé de hierro que impide la reasignación de factores productivos.

Las transferencias discrecionales y los rescates con dinero público solo sirven para zombificar la economía, manteniendo artificialmente con vida estructuras ineficientes a costa de castigar, vía deuda pública y futuros impuestos, a los sectores más dinámicos.

Es el triunfo de la política distributiva sobre la capacidad de producción, una receta infalible para el estancamiento a largo plazo.

La existencia de dos Reales Decretos-Leyes  es el síntoma definitivo de la descomposición del orden institucional.

Mientras una parte del Gobierno se dedica a la gesticulación demagógica contra los «beneficios caídos del cielo» —un concepto que emana de un desconocimiento supino de la microeconomía y del funcionamiento de los mercados marginalistas—, la otra se pierde en una maraña burocrática de ayudas directas que, debido a los costes de transacción y la ineficiencia administrativa, nunca llegan al tejido productivo con la celeridad que el shock demanda.

Esta dualidad legislativa genera una fragmentación del mercado interior. El inversor internacional y el empresario nacional no ven un plan de estabilización coherente, sino un campo de batalla ideológico donde las reglas del juego cambian según quién gane el pulso del martes por la mañana.

La seguridad jurídica, pilar fundamental de cualquier crecimiento sostenido, ha sido sacrificada en el altar del equilibrio de poder entre socios de coalición.

El shock de oferta iraní es un desafío externo, pero la vulnerabilidad española es un producto genuinamente interno.

Solo un programa basado en la desregulación masiva, el recorte drástico del gasto público y una bajada de impuestos que vaya mucho más allá de la cosmética eléctrica podría sacar a España del marasmo.

Todo lo que no sea devolver el protagonismo a la sociedad civil y a la empresa privada es puro teatro político. El Gobierno —los dos Gobiernos— sigue empeñado en creer que la prosperidad se decreta en el BOE.

La realidad, terca y cruel, se encargará de demostrarles que el Estado no es la solución al shock de oferta; es, de hecho, el principal obstáculo para superarlo.

Mientras sigan legislando de espaldas a las leyes de la economía, el resultado no será la protección social, sino la decadencia colectiva.