JOHN MÜLLER-EL MUNDO
Juan Manuel Moreno sorprendió a propios y extraños con el nombramiento de Alberto García Valera en la Consejería de Hacienda andaluza. La trayectoria de este inspector de Hacienda, nombrado en 2016 director general de Tributos por Cristóbal Montoro, compromete el objetivo político –«traer al Consejo de gobierno un paquete importante de medidas tributarias para bajar impuestos», según explicó el nuevo presidente andaluz– con el que supuestamente se le ha designado.
Y lo hace de dos maneras. Por un lado, porque pone en cuestión la credibilidad del objetivo. Moreno le encarga la bajada de impuestos –uno de los compromisos más difíciles de cumplir por su gobierno–, al hombre que Montoro tuvo pergeñando toda la generación de nuevos impuestos que Pedro Sánchez está ahora aplicando. Y, en segundo lugar, por su inocultable afición a las puertas giratorias. La actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le pidió a García Valera que permaneciera en su puesto en la Agencia Tributaria, pero éste ya había fichado por Ernst & Young como director de la firma en Andalucía. La excedencia le ha durado cinco meses.
El presidente andaluz le ha servido así un blanco fácil a la oposición y, sobre todo en Ciudadanos, su socio de gobierno, el nombramiento parece un error innecesario.
Lo más sorprendente de este episodio, sin embargo, ha sido constatar que el PP y Ciudadanos no se hablan en Andalucía. Ambos se repartieron las consejerías, pero ni siquiera se avisaron, por mera cortesía, de quienes iban a ser los nombrados. Como si consultar los nombres hubiese supuesto una injerencia inaceptable. De haberlo hecho entre gente informada, los de Ciudadanos no hubieran dejado de manifestar sus prevenciones con García Valera como hacen ahora en privado. Su cabreo arde como un fuego en el sótano sin mostrar llama, emponzoñando el ambiente.
Moreno dijo el lunes que «el Gobierno es uno y actuaremos sin distinción de siglas», pero el proceso de configuración del Ejecutivo muestra signos importantes de padecer el «trastorno esquizoide» que provoca «un distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal». Los socios tienen tan claras sus atribuciones que no parecen dispuestos a compartirlas ni siquiera por educación. Es factible que un PP habituado a gobernar con mayorías absolutas y a imponer su voluntad se muestre poco cuidadoso en sus relaciones con los socios de Gobierno y los parlamentarios. Ciudadanos, que no tiene mucha experiencia en participar en gobiernos, también puede argüir falta de experiencia. Pero si el presidente no corta de raíz esta dinámica, lo que tendrá es un Ejecutivo enfermo, de corto recorrido.
Una gran anomalía española es la dificultad que los partidos políticos encuentran para pasar del escenario competitivo que plantean las frecuentes elecciones al cooperativo que supone la formación de gobiernos (que es en definitiva para lo que les votan los ciudadanos a los políticos). Cierto es que a nivel autonómico sí ha sido superada. Pero a nivel nacional, hasta ahora, nunca ha habido un gobierno conjunto de coalición.