EL MUNDO 23/09/15 – EDITORIAL
· La detención en Francia de los dos principales miembros del aparato político de ETA coloca a la organización terrorista en una situación de descomposición tal que ha llevado al ministro del Interior a calificar la operación como el «acta de defunción» de la banda. Es comprensible el optimismo de Jorge Fernández Díaz. El arresto de los dos dirigentes etarras supone un hito de máxima importancia en la lucha antiterrorista, ya que tras la autodisolución del aparato militar con el anuncio del «cese definitivo» de la «actividad armada» en octubre de 2011 sólo quedaban operativas las maquinarias logística y política. Esta última, además, se había reforzado desde entonces para mantener abierta su aspiración a la vía de negociación con el Gobierno y coordinar la estrategia a seguir con las organizaciones abertzales legales, a las que ETA intenta imponer su autoridad, sin lograrlo del todo.
David Pla e Iratxe Sorzabal, los dos detenidos, eran, por tanto, los actuales jefes, al menos formalmente, de una banda que se resiste a la extinción y que aún guarda un arsenal militar que se niega a entregar y utiliza como última carta para tratar de marcar los ritmos de una negociación que el Gobierno de Rajoy nunca ha aceptado. Tras un primer intento de dar cierta continuidad al plan trazado por Rodríguez Zapatero, el actual Ejecutivo renunció a realizar ningún otro movimiento al comprobar la negativa reacción que suscitó en una opinión pública indignada la excarcelación de Bolinaga, asesino de varios guardias civiles y carcelero de Ortega Lara.
Sin embargo, por desgracia, aún es pronto para hablar de una desaparición definitiva de ETA. La banda cuenta todavía con algunos miembros clandestinos, que se resisten a dar el paso de la disolución. Además, su objetivo pasa por resolver el problema de los huidos con causas pendientes en nuestro país y la situación de los presos. La dirección etarra lleva años intentado orillar la ley y ganar tiempo por si un Gobierno futuro, menos fuerte que el actual, se mostrase más receptivo a sus demandas.
Por eso hace bien el Gobierno, después de algunos titubeos en materia penitenciaria durante esta legislatura, en postergar cualquier diálogo sobre los huidos sin causas pendientes y los presos sin delitos de sangre hasta que la banda desaparezca. ETA debe entregar sus arsenales y disolverse definitivamente si quiere sinceramente que comience una nueva etapa de convivencia en el País Vasco, aceptando su derrota y pagando el precio por más de 50 años de terror y asesinatos indiscriminados.
Hasta que eso ocurra, la actuación del Gobierno y la de las Fuerzas de Seguridad del Estado debe ser implacable. Como en este caso, en el que gracias a la cooperación de la Guardia Civil y los servicios antiterroristas de la Dirección de Seguridad con los efectivos policiales franceses se ha conseguido uno de los mayores éxitos de los últimos años. Es significativo que la Guardia Civil haya bautizado el dispositivo como operación Pardines, en honor a la primera víctima mortal de ETA, el guardia civil José Antonio Pardines Arcay, asesinado en Villabona (Guipúzcoa), en 1968. Sería una buena noticia para todos que con estas detenciones se cerrase de una vez para siempre la historia de terror de la que ha sido víctima toda la sociedad española y que ha supuesto un sufrimiento irreparable a miles de víctimas.