EL DESAFÍO independentista en Cataluña continúa agudizándose y no es extraño, por tanto, que el Rey se encuentre «preocupado», tal como ayer admitió Pedro Sánchez tras su entrevista con Felipe VI. Con la pomposidad que acostumbran, las fuerzas soberanistas catalanas presentaron la Ley del Referéndum de Autodeterminación de Cataluña, que aglutina la arquitectura jurídica con la que piensan habilitar la convocatoria de una consulta secesionista que, de facto, liquidaría la soberanía nacional. «No hay ningún poder que pueda frenar el voto», aseguró ayer amenazante Carles Puigdemont. Su apuesta por la unilateralidad, además de vulnerar la legislación, situaría en una tesitura muy grave a la ciudadanía catalana.
Y ésta es, precisamente, una de las consecuencias más lacerantes del proceso soberanista. La sociedad catalana sufre desde 2012, cuando Artur Mas decidió abrazar la hoja de ruta separatista, los efectos de la polarización política que provoca la decisión de forzar la ruptura de Cataluña con el resto de España desde el desprecio a las leyes. Ahora, después de la presentación del proyecto que pretende encauzar el referéndum del 1 de octubre, lo que han logrado las fuerzas secesionistas es avivar el riesgo de fractura social, de consecuencias imprevisibles. Resulta políticamente irresponsable y éticamente inaceptable que Puigdemont, condicionado por una fuerza antisistema como la CUP, sitúe en el disparadero al conjunto de los ciudadanos catalanes, a los que se quiere obligar a elegir entre Cataluña o España, como si ambas opciones no encontraran un encaje en el ordenamiento legal desde hace cuatro décadas.
Pero el coste social, aun siendo quizá la más grave, no es la única consecuencia nociva del denominado procés. Jurídicamente, el proyecto soberanista sigue sustentado en una norma destinada a quebrar el marco constitucional en Cataluña y que pivota sobre el derecho de autodeterminación, que la ONU solo reserva para las colonias, y Cataluña, obviamente, no lo es.
Según Junts pel Sí y la CUP, la ley del referénfum es una norma «suprema» para un «régimen excepcional» y una consulta «vinculante, oficial y amparada por una ley». En teoría, estos elementos son los que diferenciarían el referéndum del 1-O de la pantomima del 9-N. La realidad es que cualquier eventual consulta independentista constituye un golpe encubierto con el que se pretende trocear la soberanía nacional. El referéndum, por tanto, no cabe en la legislación actual. Pero es que, además, la normativa urdida por los independentistas no presenta las mínimas garantías democráticas: contempla que la participación en las mesas electorales del 1-O sea «obligatoria» y, aunque el sí se imponga solo con mayoría simple, prevé declarar la independencia de forma inmediata y sin fijar un mínimo de participación. Si gana el no,Puigdemont convocará elecciones autonómicas.
El acto de Junts pel Sí y la CUP fue un mero anuncio político, formulado por la mañana en una sala anexa en el Parlament y por la tarde en un evento retransmitido por TV3 y al que asistieron Puigdemont y Junqueras. Pero, en cuanto esta amenaza tenga concreción jurídica, el Estado debe recurrir a todos los instrumentos legales a su alcance para frenar los planes del Govern. Es evidente, tras la purga del conseller que se atrevió a dudar de la validez de la consulta, que Puigdemont y sus aliados han decidido meter el acelerador para forzar el choque con el Estado. La única respuesta posible sigue radicando en la ley, lo que incluye el recurso al Ejército, tal como sugirió Cospedal.
El Gobierno tiene la legítima fuerza para detener la arbitrariedad y la falacia contraria a Derecho con la que el separatismo lleva a Cataluña a un callejón sin salida. Lo fundamental, por tanto, es la capacidad de las fuerzas constitucionalistas para articular una reacción conjunta. Y, en este sentido, no deja de ser preocupante –tal como se comprobó ayer– que el respaldo del PSOE y de Pedro Sánchez al Gobierno sea cada vez más tibio y ambiguo.