ABC 24/04/14
Causa perplejidad la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco según la cual no hay delito en las afirmaciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, cuando asegura que ETA tenía razones para seguir matando en la etapa democrática. El prestigio y la imagen de los tribunales resultan dañados ante decisiones muy cuestionables desde el punto de vista jurídico, pero también en el plano ético ya que contradicen el sentido natural de la Justicia compartido por una gran mayoría social. Parece difícil encajar la frase del cabecilla proetarra fuera del Código Penal y el enaltecimiento del terrorismo. Y aunque el TSJ vasco se enmarañe en jurisprudencia del Supremo, lo extraño es que la resolución se dedique a exaltar lo que Arraiz no llegó a decir o a hacer, como exhibir fotos de terroristas cuando pronunció la infamia, que el juez deja en mera expresión «desafortunada».
Estamos ante una nueva ofensa a las víctimas, cuyos sentimientos son fáciles de imaginar ante la sensación de impunidad que transmiten las actuaciones de los criminales, ahora confortablemente instalados en las instituciones democráticas. Es cierto que el Estado de Derecho ha derrotado a ETA gracias a la labor de las Fuerzas de Seguridad y hay que felicitarse por la ausencia de atentados terroristas. Sin embargo, la impresión de que los verdugos ganan batallas políticas y judiciales causa serio daño a la legitimidad de las instituciones. El TSJ ha aplicado mal la ley y, sobre todo, ha mostrado una incomprensible falta de sensibilidad ante el sufrimiento de las víctimas, compartido por millones de ciudadanos. Al margen de eventuales recursos jurisdiccionales, hay que llamar la atención de jueces y tribunales sobre la responsabilidad ética que conlleva el ejercicio de una función esencial para la democracia. La decisión que libera de responsabilidad a quienes hacen apología del terrorismo de ETA supone un grave error judicial.