Este fin de semana comienza la campaña publicitaria de la tradicional lotería navideña, que en cada edición aumenta el grado de una intensidad emotiva muy lejana de la rigidez del Ministerio de Hacienda. Pero la mordida fiscal y el encarecimiento de los bienes de consumo han rebajado el Gordo en proporciones paralelas a la subida de, por ejemplo, la vivienda, de manera que los beneficiarios que antes podían comprarse un piso ahora deben conformarse con poder pagar la entrada de la hipoteca y liquidar algunas deudas. La voracidad recaudatoria ha anulado la contingente condición redistributiva que estimulaba a las capas populares y medias, que ni siquiera por esa vía aleatoria pueden hacerse la ilusión de la riqueza. El pretexto y el contexto de la dentellada exactiva –que era el de la necesidad del equilibrio presupuestario para evitar la intervención europea– caducó hace más de una década pero el Estado se empeña en mantenerla pese al discurso triunfalista sobre su buena salud financiera. En esto no se diferencian izquierdas ni derechas; lo raro es que el coste del décimo se mantenga.

Bien está, ya que al fin y al cabo la participación en el juego constituye un acto voluntario. Pero podrían reducir la sensiblería del anuncio cuando se trata de darnos un sablazo camuflado. Y para una ocasión en que los españoles pueden soñar con un golpe de fortuna que les alegre el ánimo no sería malo dejar de lado ese peaje que la AEAT recolecta con el enfermizo apego de un avaro. Aunque lo conserve el resto del año. El sorteo de Navidad, creado en 1812, pasó muy pronto a ser un acontecimiento casi folklórico, herencia costumbrista de un país subdesarrollado cuyas autoridades encandilaban a los ciudadanos con la improbable esperanza de convertirse en ricos por un albur matemático. Y se trataba precisamente de un método para obtener dinero sin esquilmarlos con nuevos sacrificios tributarios. Los que dos siglos después nos cuelan bajo mano con la empalagosa sentimentalidad de esos reclamos dramáticos.