EL MUNDO 02/10/14
VICTORIA PREGO
Es un juego inútil, pero es un juego en el que se van a entretener de ahora en adelante los miembros del Gobierno catalán y los diputados del bloque independentista. No lo harán por jugar a jóvenes rebeldes ante la autoridad paterna, sino por la necesidad imperiosa que todos ellos tienen de mantener un alto grado de tensión en la calle que les permita llegar a las próximas elecciones en condiciones de ganar la partida. Y como no es fácil que la calle responda con la suficiente intensidad si desde los despachos del poder no se la alimenta convenientemente, a eso se dedican.
Lo que han hecho los partidos independentistas ayer en el Parlament es una buena prueba del juego al que se van a entregar de ahora en adelante. La selección de los miembros de la comisión de control es sólo una declaración de intenciones que no tendrá consecuencias jurídicas mientras el presidente de la Generalitat no firme el decreto. Y, si lo firma, será él quien se haga reo de desobediencia al mandato del Constitucional de suspender la consulta y todos los actos relacionados con ella.
Artur Mas no firmará ese decreto. Pero hay que saber que en el futuro asistiremos a innumerables amagos de rebeldía como éste que, finalmente, no serán consumados para evitar la sanciones penales que hacerlo conllevaría. Todos esos gestos que veremos tienen otro objeto, además del de caldear el clima para las elecciones: el de mantener la respuesta popular en unos niveles de protesta tales que puedan quizá, piensan los independentistas, torcer la postura del
Gobierno o incluso alterar el sentido de la más que previsible sentencia del Constitucional.
Pero como eso es de todo punto inverosímil, nos podemos encontrar con que se acabe haciendo realidad lo que el recurso de la Generalitat ante el Alto Tribunal advierte: que, cuando los ciudadanos son privados de su derecho a participar en la toma de decisiones políticas, se alimenta el «extremismo político e incluso la violencia». Ese recurso, lleno de trampas y de eufemismos, disfraza la cuestión esencial: que lo que el Gobierno catalán propone es un referéndum disfrazado de consulta, y que ese referéndum es para conseguir la independencia de Cataluña. Y eso no tiene nada que ver con «la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas», eso es una propuesta secesionista sin más que ningún Estado toleraría.
Pero la simple referencia al riesgo de que se produzcan actos de violencia demuestra que los líderes políticos secesionistas son perfectamente conscientes de que, al provocar la agitación popular, están jugando con fuego. Y es del todo indecoroso que traten de endosar al Estado agredido la culpa de lo que ocurra en las calles encendidas. No. Ellos serán los únicos responsables de lo que pueda suceder porque ellos son quienes están instigando a una población engañada.
Y, si algo ocurre, será una responsabilidad de dimensiones inmensas y alcance histórico. Pero será la suya.