EL CONFIDENCIAL 16/09/14
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS
El pasado día diez de septiembre, el Rey, embutido en una toga, presidió la apertura del Año Judicial. Pudo comprobar de viva voz –Fiscal General del Estado y presidente del Tribunal Supremo– que el país cuya jefatura de Estado ostenta padece una lacra que ambos responsables públicos situaron en el centro de gravedad de su disertación: la corrupción política y pública.
Los datos de Torres-Dulce, relativos a la actividad de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, son modestos pero indicativos. Los 43 fiscales adscritos a esta fiscalía especial –¿pocos?– duplicaron el número de sus denuncias y querellas. Se han iniciado hasta 131 procedimientos por delitos contra la Administración Pública (malversación, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias), 68 por fraude, 101 por delitos contra la Hacienda Pública, 69 por blanqueo de capitales y 18 por asociación ilícita y organización criminal.
Las cifras sólo son la punta de iceberg a tenor de lo que el Fiscal General y Carlos Lesmes, que además del Supremo preside el Consejo General del Poder Judicial, manifestaron ante Felipe VI. La corrupción está en el circuito público y lo está arraigadamente. Los medios para combatirla son insuficientes, las causas se alargan hasta plazos que, en la práctica, conducen a una fuerte sensación de impunidad y existe la percepción de que el Estado debe aportar mucha más energía para combatir la industria de la corrupción y la rapiña de lo público.
La interrupción de la sintonía (ahora ya permanente) entre la ciudadanía, los partidos políticos, y, en general, con la clase dirigente, tiene que ver con la certeza moral de la sociedad española de que está siendo depredada por la amoralidad política, que a veces se traduce en corrupción material, y otras, en una ciénaga de amoralidad.
Está a punto de nombrarse al magistrado más estratégico e importante de la jurisdiccional penal en España: el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal SupremoEn este contexto en el que la justicia penal parece tan desarbolada está a punto de nombrarse por el pleno del Consejo General del Poder judicial, previsto para el día 30 de este mes, al magistrado más estratégico e importante de la jurisdiccional penal en España: el presidente de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. La semana pasada, tres candidatos se sometieron a la encuesta, una comparecencia ante el CGPJ en la que expusieron su programa de actuaciones para el caso de ser designados para ese cargo, cuyo titular actual es Juan Saavedra Ruiz, que pasa a jubilarse.
La gran sorpresa es que se haya presentado Cándido Conde-Pumpido, que fue fiscal general del Estado con Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2011. Este nombramiento es político y corresponde al Consejo de Ministros. Conde-Pumpido puede ser un gran jurista, pero después de desempeñar esa responsabilidad –larga y controvertida fue su gestión– no parece que sea el funcionario que precisa la cúspide de la jurisdicción penal en España.
Con todo el respeto que merece en lo personal y en lo profesional, políticamente sería un escándalo de dimensiones enormes que el exfiscal general con Zapatero sea nombrado presidente de la Sala Segunda del TS, cuyas funciones son tan importantes como las siguientes:
- Preside la Sala de admisión de los recursos de casación.
- Preside la Sala de admisión de querellas en las causas especiales, es decir, las de los aforados y entre ellos están las más altas magistraturas del Estado, desde el Rey abdicado hasta la Reina actual, pasando por la princesa de Asturias.
- Es miembro nato de la Sala especial del 61 que aplica, entre otras materias, la ley de partidos.
- Dispone de la facultad de avocar a un Pleno de la Sala asuntos que están asignados a las Secciones, es decir, podría, de oficio trasladar un asunto de una sección de 5 magistrados al pleno de la Sala de 14 magistrados, con lo que esta facultad conlleva de posible alteración de mayorías en casos especialmente delicados.
- Forma parte de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo
- Resuelve por sí mismo todas incidencias de funcionamiento interno.
Curiosamente tanto Conde-Pumpido como otro candidato, Manuel Colmenero, proponen que las facultades primera y segunda de las antes reseñadas (admisión de casaciones y admisión de querellas contra aforados) pasen a ser desempeñadas por el magistrado más antiguo. ¿Saben ustedes quién lo es? Efectivamente: Cándido Conde-Pumpido, cuya esposa, aunque se abstendrá, es miembro del máximo órgano de gobierno de los jueces.
El vértice de la jurisdicción penal debe ser un magistrado con una trayectoria anterior alejada de la política, libre y técnicamente de gran altura, como Manuel Marchena, al que se descalifica desde troneras progresistas porque fue miembro de Sala que condenó a GarzónLa justicia española necesita en el vértice de la jurisdicción penal a un magistrado con una trayectoria anterior alejada de la política, libre, eficiente y técnicamente de gran altura. Bien podría ser el tercer aspirante, Manuel Marchena, al que, en una operación mediática peligrosísima para sus posibilidades, se le da por seguro como el próximo presidente de la Sala Segunda. Pero esa probabilidad –parece que cierta dado su currículo y el respeto que suscita en la magistratura– corre en paralelo con una descalificación desde diferentes troneras progresistas contra el magistrado canario de 54 años que fue miembro de Sala –recuerden, recuerden– que condenó por prevaricación al exjuez Baltasar Garzón.
Pues bien: en esas estamos. En un proceso de designación que sólo ha emergido en los medios de manera muy puntual y que dispone de una enorme importancia porque la Sala Segunda es la creadora de la jurisprudencia penal y primera instancia de asuntos de carácter decisivo. Este proceso de designación parece discurrir subterráneamente cuando el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal Supremo, ante el Rey, acaban de alertar de que la plaga es la corrupción. Para combatirla, la Sala Segunda del Supremo y su presidente no son dos piezas importantes, son esenciales.
En términos de sostenibilidad de la consideración pública hacia la justicia, el juez más estratégico e importante de España debe ser –al margen de ideologías- un funcionario libre de cualquier sospecha de conflicto de intereses; generacionalmente sintonizado con lo que ocurre en España y que por edad y preparación pueda desarrollar una labor jurisdiccional de largo alcance. La España delincuente requiere de un juez, primus inter pares, que sea de acero.