EL CORREO 09/01/15
· El alcalde y los concejales de Bildu se comprometieron a hacer un seguimiento de la situación de 77 reclusos donostiarras
El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de San Sebastián ha prohibido al Ayuntamiento de la capital donostiarra poner en marcha un plan especial sobre la situación que atraviesan los presos de ETA de la ciudad y sus familiares. La sentencia, dictada el 23 de diciembre, tiene su origen en el compromiso que adoptaron públicamente el alcalde, Juan Karlos Izagirre, y los concejales de Bildu de hacer desde el Consistorio un seguimiento específico de este colectivo. La Abogacía del Estado no tardó en denunciar la iniciativa, previo requerimiento del delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo.
Los hechos se remontan a junio de 2013. El equipo de gobierno municipal, con Izagirre a la cabeza, ofreció una rueda de prensa en el exterior del Ayuntamiento para leer una declaración de apoyo a los presos de la banda terrorista y dar a conocer «una serie de compromisos en relación con los 77 reclusos» de la ciudad. En primer lugar figura la elaboración, cada seis meses, de un dossier en el que se recoja la situación de los presos para, a posteriori, remitirlos de forma sucesiva a Instituciones Penitenciarias, al Juez de Guardia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, al Ministerio de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de Estrasburgo.
El Gobierno municipal anunció su intención de mantener reuniones periódicas con familiares de los reclusos «para tener información directa». Además, los ediles de Bildu portarán una «tarjeta que reivindique la defensa de sus derechos» en los plenos y plantearán «iniciativas concretas» referidas a este colectivo en la Comisión de Derechos Humanos del Consistorio. A los propios reclusos se les enviaría, además, «la información que el Ayuntamiento publique sobre la actividad municipal» relacionada con ellos.
La Abogacía del Estado considera en su escrito que el citado plan «infringe el principio de neutralidad y objetividad que debe regir la actividad de las administraciones públicas», como también varios de los artículos de la ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo alumbrada por el Parlamento vasco.
«Humillar a las víctimas»
En su respuesta a la demanda, desde el Ayuntamiento afirmaron que la comparecencia pública fue un «acto del grupo municipal de Bildu y del libre ejercicio de la actividad política por parte del alcalde y los concejales» e indicaron que «ninguna de las actuaciones anunciadas se había desarrollado». Lo que se contradice, según estima el juez, con el hecho de que la comisión de Derechos Humanos del Consistorio se reuniera con la familia un interno y el propio Izagirre enviara una carta al director de la prisión de Logroño interesándose «como alcalde de la ciudad» por su situación.
El magistrado subraya en el fallo que la institución local «no puede actuar en representación o al servicio de grupos o colectivos de un determinado signo político o ideológico, sino al servicio del bien general», al tiempo que recuerda que «el mandato de los gobiernos emana de los ciudadanos y no de los partidos, grupos o coaliciones». Cabe señalar que el plan anunciado por el equipo municipal de Bildu no está sujeto a ningún acuerdo ni de la junta de Gobierno ni tampoco fue sometido a votación en pleno. El juez declara en este sentido la «nulidad del mismo por no ser ajustado a derecho».
«Mientras unos prefieren poner su atención en los presos de ETA y plantear sus exigencias al Gobierno de España, como veremos el próximo sábado –en alusión a la manifestación convocada en Bilbao– otros preferimos atender a las víctimas del terrorismo y asegurar que las instituciones no se dedican a humillarles con planes que son anulados por la Justicia», manifestó Carlos Urquijo tras conocer la sentencia.
EL CORREO 09/01/15