Impulsados por esa campaña, PNV y Bildu presentaron sendas proposiciones de ley con la pretensión, según sus palabras, de dar seguridad jurídica a la exigencia de conocimiento del euskera en el empleo público; para lo que se propone que en todos los puestos de trabajo sea exigible el conocimiento del euskera (Bildu) o que cada administración decida los puestos en los que, a su juicio, deba exigirse (PNV).

Sin embargo, no hay un problema de seguridad jurídica; básicamente, hay un problema de incumplimiento de la normativa (vasca) vigente, que establece para cada administración, de acuerdo a su realidad sociolingüística -muy generosamente considerada-, el porcentaje de puestos en los que hay que requerir el conocimiento del euskera: el «índice de obligado cumplimiento». Esas propuestas tratan, por tanto, de alterar sustancialmente las normas vigentes. Pero, entretanto, se pretende hacer creer, en un acto de birlibirloque, que las normas actuales se deben interpretar como si lo que proponen para el futuro ya hubiese sido aprobado y hubiera que aplicarlo en el presente.

Estas iniciativas se han enmarcado, posteriormente, en una campaña de más amplio alcance, que tiene como objetivo la superación definitiva de los fundamentos sobre los que se asienta la ley del euskera (1982); fundamentos que ya se han venido deteriorando en estos años, como pone de relieve, por ejemplo, la naturalidad con la que se acepta la exclusión del empleo público de la mayoría de la sociedad.

¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la actitud del PNV respecto a la política lingüística. Consideran que, tras más de cuarenta años de aplicación de la ley del euskera, la sociedad vasca es diferente a la de aquel tiempo, por lo que, con el telón de fondo de la convicción de que peligra la supervivencia del euskera, creen necesaria una política lingüística más agresiva, asumiendo la posición tradicional de la izquierda abertzale; posición que le llevó a excluirse del consenso de 1982.

No es un cambio solo de contenido. El protagonismo de Bildu en esta estrategia ha traído, también, un cambio en las actitudes.

Es legítimo pretender reformar las normas vigentes, siempre que se respeten las exigencias de un sistema con dos lenguas simultáneamente oficiales. Pero no es aceptable, por el contrario, descalificar a quienes ponen en cuestión el incumplimiento de las normas vigentes, ni a quienes manifiestan su discrepancia con las modificaciones que se pretenden introducir, por considerar que las vigentes se ajustan más a la realidad social.

Se está pretendiendo expulsar del debate sobre la política lingüística a quien discrepa, bajo la acusación de estar en contra del euskera, de enemistad con el euskera. Nada menos, en una sociedad con nuestra historia. En un remedo de las penas infamantes del Derecho romano, se busca la deshonra de esas personas, tratando de humillarlas públicamente, afectando a su reputación social. Se quiere configurar la política lingüística como un asunto exclusivo de nacionalistas, que, además, compartan una visión fundamentalista sobre lo que requiere el futuro del euskera. Se trata de conformar, respecto a la política lingüística, un auténtico pacto, similar al excluyente -y fracasado- pacto de Lizarra/Estella.

La asunción de los postulados tradicionales de la izquierda abertzale no es inocua; muy especialmente, para el PNV, como ponen de relieve, por ejemplo, los casos de Gipuzkoa o de la UPV/EHU. Creo que en el pecado (asumir una política excluyente) llevará la penitencia (perder la hegemonía). Lo que, si así fuese, planteará retos de mucho calado político; pero no creará una situación beneficiosa para el futuro del euskera, porque no hará sino agudizar la fractura social en torno a la lengua.