EL ESPAÑOL 06/04/17
· El documento, que firman Fernando Savater, Consuelo Ordóñez o Maite Pagazaurtundua aboga por un final de la banda sin impunidad.
Un manifiesto que firman Fernando Savater, Consuelo Ordóñez o Maite Pagazaurtundua aboga, pocas horas antes del anunciado desarme de ETA, por un final de la banda sin impunidad y considera que la acción del sábado en Bayona tiene una «inequívoca connotación de autoblanqueo» que requiere una respuesta clara.
Joseba Arregi, Teo Uriarte y Luis Castells son los otros tres impulsores del manifiesto, que suscriben también decenas de personas del mundo de la política, la cultura y los medios de comunicación, y que, en principio, quieren hacer público el jueves.
Consideran los firmantes que la sociedad no debería olvidar que el derecho a la justicia real «no es negociable, ni relativo» y que el fin de ETA debe ser manejado desde los principios que inspiran el Estado de derecho.
Y creen que el anuncio por parte de la banda terrorista ETA de una entrega de armas «mediática y propagandística -con una inequívoca connotación de autoblanqueo-, requiere de una respuesta clara y determinada».
Tras recordar que los «fanáticos de la identidad nacionalista» se han valido de mecanismos como el amedrentamiento y la propaganda, el comunicado subraya que el futuro de la sociedad vasca y navarra no puede escribirse «en la estela del miedo y la autocensura generados por ETA, aunque su acción terrorista haya dejado de amenazarnos».
Porque si así ocurre, «no habrá verdad en la memoria, ni dignidad, ni justicia para sus víctimas; porque las víctimas fueron asesinadas, heridas, secuestradas, extorsionadas, vejadas o amenazadas con el objetivo de conseguir la instauración del proyecto político de ETA y anular otras ideologías».
Añade que existe en una parte de la opinión pública española «la tentación de pedir ‘generosidad’ a las víctimas del terrorismo», pero con ello obvian que eso implica la renuncia a «legítimas reclamaciones, entre ellas la reivindicación de justicia, que es a su vez un componente de la reparación».
Los firmantes exigen a ETA «y a su trama política la condena de la historia de terror de la banda, de toda su historia» para garantizar que el desarme anunciado no es «una de sus habituales jugadas puramente tácticas».
Además, afirman que la política penitenciaria «no debe convertirse en una política de gracia» que excarcele anticipadamente a los presos juzgados y sentenciados con la aplicación de la progresión de grado u otras medidas.
Más allá de ello, piden que los presos colaboren con las autoridades en el esclarecimiento de cientos de crímenes sin resolver, tal y como indica la ley.
«Un final de ETA que se sostenga sobre la dignidad de sus víctimas es la deuda contraída por el Estado de derecho y que el Gobierno debe defender», concluyen.