La mayoría de los afiliados de Junts que participaron en la consulta sobre si querían «seguir formando parte del Gobierno de Cataluña» votaron que no. El escrutinio parece vinculante, a falta de una escisión que parta por la mitad, también, el grupo parlamentario de los neoconvergentes. El consejero de Economía y Hacienda, Jaume Giró, declaraba antes de conocerse el resultado de la consulta que había comprado una caja de cartón por si tenía que «recoger las cosas». Mientras anunciaba su propósito de ampliar la excepción al Impuesto de Patrimonio y deflactar el IRPF. Tanto los partidarios del ‘sí’ como los del ‘no’ se mostraron impasibles ante el cara o cruz de la consulta. Así se comportaron también Aragonès y los de ERC. Como si la dramática necesidad de acceder a la independencia de Cataluña fuese compatible con la desdramatización sobre cómo y quiénes deberían procurarla.

Desde las primeras elecciones autonómicas, en 1980, hasta los comicios de 2015, durante once convocatorias sucesivas, los convergentes fueron la primera fuerza en escaños. Y sólo en 1999 y 2003 se vieron superados por el PSC en votos. En 1999 Artur Mas relevó a Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat, que mantenía desde 1980. En 2003, tras el escrutinio autonómico, Mas se fue a descansar a Canarias. Y Pasqual Maragall se hizo con la presidencia del Gobierno autonómico mediante el Pacto del Tinell que los socialistas catalanes suscribieron con ERC y con Iniciativa. En 2006 CiU volvió a ser primera fuerza en escaños y en votos, demostrando que era capaz de atravesar tres años de desierto para seguir a la cabeza del ranking partidario.

Pero la fórmula del tripartito de izquierdas prevaleció en torno a José Montilla como relevo de Maragall. Cuatro años desérticos después, en 2010, CiU y Artur Mas volvieron a hacerse con el Gobierno de la Generalitat. Aunque la efervescencia independentista a la que se entregó el posibilismo pujolista malograría su ventaja. Unió decidió en junio de 2015 retirarse del Gobierno presidido por Mas, acabando con una alianza ventajosa desde la Transición. La deriva de 2017 situó a Ciutadans como primera fuerza en escaños y votos. La declaración de independencia unilateral interrupta, la aplicación del 155 de la Constitución y el autoexilio de Carles Puigdemont vindicando la legitimidad presidencial de la Generalitat darían lugar a la disgregación entre el PDeCAT y un Junts per Catalunya huérfano de referentes. Todo ha cambiado en los últimos diez años. Pero los neoconvergentes, aun divididos, representan un potencial electoral imposible de excluir de cualquier ecuación. En torno a un millón de votos. Es imposible que la ERC de Pere Aragonès se salve a cuenta de que un millón de catalanes no sepan a quién votar en las próximas.