No estamos ante una legislatura ordinaria como no estamos ante otro aniversario más, anodino e hipócrita del Día de la Constitución, lleno de actos solemnes protagonizados por quienes la vulneran para reivindicar lo que nos encadena. España vive un momento crucial, mucho más grave que lo vivido en 2017, lo que desde esta columna se denominó Réquiem por el régimen del ´78.
Muchos se preguntarán cómo es posible que quien pretende subvertir el orden constitucional desde las instituciones para disolver la nación y quienes dicen oponerse a ello reivindiquen lo mismo. Ese juego de malabares para distraer y confundir mientras un poder ilimitado e impune pretende arrebatarnos los derechos y libertades para disponer de la nación española. La Constitución que nos otorgaron es ese instrumento con el que unos avanzan en el golpe mientras otros la defienden para detenerlo. Puede ser una cosa y la contraria, según la voluntad del Gobierno y la bendición de quienes viven de él con un presupuesto público que alimenta medios y redes clientelares, mientras descose de forma premeditada el tejido productivo y educativo de una España arruinada.
Esta confusión en el discurso alrededor de quién es más constitucionalista en pleno golpe desde las instituciones debería llevar a cualquier persona adulta e intelectualmente honesta a sospechar que la Constitución no es la causa a defender, ni el instrumento de salvación, sino la coartada para mantener perdida a la oposición dándose contra el muro en el laberinto constitucional, diseñado para que un Gobierno despótico pueda controlar el poder judicial, el resto de poderes constitucionales y cometer traición con impunidad.
Hay un verdadero muro constitucional que boicotea la labor de proteger la nación del banquete de las hienas en el que se ha convertido el Estado Autonómico en el Congreso
El artículo 102.2 de la CE establece que para que cualquier miembro del Gobierno pueda ser acusado por traición o por actuar contra la seguridad del Estado, se deberá plantear previamente la cuestión en el Congreso de los Diputados al menos por una cuarta parte de sus miembros (88) y con el voto favorable de la mayoría absoluta, en poder del propio Gobierno al que pertenece el acusado. Además, el artículo 169 del Reglamento de la Cámara establece que se convocará una sesión secreta del Pleno para su debate y votación. Y todo para que sea juzgado por un tribunal previamente elegido por el partido político del acusado aforado. La Constitución nos sitúa en esa pendiente incasable de la montaña de Sísifo llena de obstáculos. Hay un verdadero muro constitucional que boicotea la labor de proteger la nación del banquete de las hienas en el que se ha convertido el Estado Autonómico en el Congreso, en virtud de los incentivos constitucionales y electorales. Sin embargo un Presidente del Gobierno puede ser condenado por el ejercicio del poder vulnerando la Constitución y cerrando el Parlamento sin que suceda nada.
El fin de la inocencia constitucional viene por la conciencia de su inutilidad para proteger la nación. Es prácticamente imposible sacar a un tirano del Gobierno en España una vez que ha ganado las elecciones, periodo durante el que goza de una arbitrariedad impune que le permite regalar el Sáhara, ceder la redacción del Código Penal a delincuentes que controlan escaños y aprobar leyes habilitantes como la ley de amnistía, que se votará en el Congreso lo que ya se ha decidido en Suiza por los enemigos de la nación e intermediarios con experiencia en narcoestados. Así se consolida el sistema político en una federación impura o impropia, en la que no hay igualdad entre ciudadanos por territorios, sino un régimen de servidumbre de la nación española tras su disolución a Cataluña y vascongadas.
Cuando la nación debiera estar despierta y los debates ser vibrantes y libres para crear un ambiente popular de disidencia y descontento que pueda entorpecer el acto violento del Estado contra el pueblo para arrebatarnos la nación, en la oposición oficialista reina la censura. No se puede plantear nada, ni dudas, ni iniciativas, ni reformas, ni protestas, ni una oración. No se ha permitido plantear un debate de reforma constitucional que fortaleciese las grietas estructurales del edificio democrático. Sólo podía plantearlo la izquierda y la derecha se quedaba sin respirar. El tabú de la reforma constitucional nos ha costado llegar a esta situación límite sin ningún mecanismo que nos proteja.
La Constitución se ha mostrado completamente inútil para las situaciones de crisis, como un paraguas que no sirve cuando llueve. Hasta ese momento se carga con él, se vive en el error confiando en la buena fe del clima y se impide cuestionar los agujeros visibles que tiene para coserlos antes de la inevitable tormenta. Los sistemas democráticos han de ser diseñados pensando en que el poder lo ocupará un tirano, para impedírselo y limitar su poder, no al revés.
Pretenden acabar con el golpe de unas élites antinacionales despóticas en las siguientes elecciones con mítines de partido domingueros. Al ritmo que tiene Sánchez, de haber elecciones en cuatro años ya habrán ilegalizado a media oposición con el apoyo de la otra restante. La prioridad ha de ser evitar que Sánchez termine el muro que expulse a todo disidente del espacio público con la excusa de defender las Instituciones constitucionales que él controla.