Una vez concluido el recuento de los votos y conocidos los datos electorales, que en esta ocasión han deparado más de una sorpresa si nos atenemos a las previsiones que habían venido planteando las encuestas, llega la hora de la gestión de los resultados. Lo que implica que no solo hay que saber contar los sufragios, sino que también hay que saber leer los datos que las urnas nos transmiten. O, dicho de otra forma, ahora hay que pasar de las operaciones propias de la aritmética electoral, que apenas plantean dificultades, a las de álgebra política, que sí representan más problemas y más complicados; sobre todo, cuando de trata de unos resultados como los de estos comicios.

A diferencia de otras elecciones en las que hay ganadores claros, en esta ocasión no hay datos concluyentes para proclamar vencedores. Si bien la aritmética electoral confirma que hay una lista, la del PP, que ha obtenido más votos que las demás, aventajando en un 1,34% (33,05%-31,71%) a la segunda, del PSOE, de ello no se desprende que esté en condiciones de poder formar Gobierno, ni sola ni acompañada de su socio, Vox, que, a su vez, aventaja al otro grupo en liza, Sumar, en menos de una décima (12,39%-12.31%). Si no hay posibilidad de formar Ejecutivo, no cabe ostentar título alguno de vencedor en las elecciones, independientemente del número de apoyos obtenidos. Pero es que, además, en este caso lo más probable es que la situación ni siquiera permita desalojar del poder a quien ya lo desempeña.

Ahora bien, el hecho de que quien ha obtenido más votos y escaños no pueda considerarse por ello vencedor no autoriza a autoatribuirse la victoria a quien ha obtenido menos apoyos y diputados por el simple hecho de que el rival no haya logrado los objetivos perseguidos. Algo de esto parece que está ocurriendo, a juzgar por algunas de las manifestaciones que vienen realizándose por parte de representantes de las formaciones políticas de la coalición gobernante en funciones, celebrando unos resultados que, si bien son más favorables que los augurados por las encuestas, distan mucho de poder ser considerados como un triunfo concluyente sobre sus adversarios.

Una situación como la que se produce tras el 23-J, en la que nadie puede erigirse en vencedor, ni por lo que se refiere a las dos formaciones políticas más votadas ni tampoco por lo que respecta a los dos bloques de partidos en liza, da lugar a un escenario político incierto a la hora de formar Gobierno. Y asimismo, y sobre todo, para articular las mayorías parlamentarias, que en un sistema como el nuestro constituyen el factor clave para garantizar la estabilidad del Gobierno y la continuidad de la legislatura. Y que, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo hasta ahora, van a tener que ser en lo sucesivo necesariamente plurales, integrando formaciones políticas distintas.

Es este el principal problema -no de aritmética electoral, sino más bien de álgebra política- a resolver en el momento en el que se inicia la nueva legislatura, que bien podría decirse que sigue siendo una asignatura pendiente de las anteriores. Y para poder resolverlo es preciso, antes de hacer planes sobre el nuevo Ejecutivo, de coalición o no, extraer las lecciones oportunas de lo ocurrido en la anterior legislatura (y en las precedentes); en especial por lo que se refiere a la ausencia de una mayoría parlamentaria sólida y consistente, basada en un soporte programático común y compartido, lo que ha dado lugar a más de un susto -recuérdese cómo se aprobó la reforma laboral- y a un exceso de ruido innecesario.

Aunque el mapa político está en estos últimos años en proceso de recomposición -las ultimas elecciones son una muestra de ello-, no parece que los gobiernos monocolores, tal y como han existido hasta esta última legislatura, tengan viabilidad en el momento presente. Ello obliga a ensayar otras fórmulas. Pero más que polemizar con ardor guerrero sobre con quién hay que hacer coaliciones de gobierno -y, sobre todo, con quién no se pueden hacer-, que es donde está puesto el foco casi de forma exclusiva por parte de todos en este momento, lo realmente determinante es concretar sobre qué bases programáticas se articula una mayoría parlamentaria con el suficiente grado de cohesión política para poder garantizar la formación del Gobierno y la continuidad de la legislatura.

No puede descartarse, dada la más que complicada aritmética parlamentaria resultante del 23-J, que haya que realizar nuevas elecciones próximamente si no es posible reunir las mayorías parlamentarias suficientes para conseguir una investidura, como ya ocurrió en 2015-16 y en 2019. No se hundió por ello el Estado ni tampoco puede decirse que los daños causados hayan sido irreparables; pero es una situación anómala que conviene evitar ya que no sintoniza bien con la normalidad política e institucional, que siempre es aconsejable. Y también, entre otras razones, porque nada garantiza que tras una nueva cita con las urnas no nos encontremos nuevamente con un escenario político tan incierto como el que tenemos en el momento presente.