Como digo, se trata de un texto sorprendente por cuanto nada de lo anterior resulta novedoso: según ya explicamos en estas mismas páginas, el acuerdo de julio contenía una condicionalidad estricta en materia de reformas. No en materia fiscal (al menos de momento), pero sí en ámbitos como el de pensiones, relaciones laborales, sistema educativo o unidad de mercado.

Basta con leer el documento de conclusiones del Consejo Europeo para darse cuenta de ello: “Los Estados miembros elaborarán planes nacionales de recuperación y resiliencia que expongan el programa de reformas e inversiones del Estado miembro en cuestión para el periodo 2021-2023 (…) La Comisión evaluará los planes de recuperación y resiliencia en un plazo de dos meses a partir de su presentación. Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro, deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación”. En ese mismo texto, pues, se nos remitía a cumplir con las indicaciones del semestre europeo, entre las que se hallaban las arriba indicadas.

¿Por qué entonces ‘El País’ sale ahora con que Bruselas trata de alterar por la puerta de atrás la condicionalidad del acuerdo? Probablemente, porque el Gobierno necesita rehacer parcialmente el relato de las ayudas europeas. A la postre, fueron Sánchez e Iglesias quienes nos juraron que el pacto del Consejo Europeo no implicaba una condicionalidad demasiado dura sobre España. Bruselas no nos iba a exigir nada que fuera en contra del programa político consensuado por PSOE y Podemos. Condicionalidad blanda para que el Ejecutivo de progreso haga y deshaga a su gusto.

Pero conforme se va acercando la fecha de presentar los planes nacionales de reformas para que la Comisión Europea autorice el desembolso de los 74.000 millones de euros, también se va acercando la fecha en la que se puede terminar descubriendo que nos engañaron cuando negaron la condicionalidad de las ayudas: en la medida en que habrá que detallarle a Bruselas las reformas que habremos de adoptar y en la medida en que la Comisión Europea puede exigirnos una mayor contundencia en algunas de las que le propongamos (¿convencerá a Bruselas la reforma de la Seguridad Social planteada por el ministro Escrivá?), acaso quede impresa negro sobre blanco la contradicción de ese plan con su mensaje previo. De ahí que sea necesario ir preparando a la opinión pública sobre lo que puede venir: difundir la idea de que el precio del dinero europeo pueden terminar siendo reformas duras. Eso sí, sin que quepa culpar al Gobierno de habernos engañado originariamente, sino trasladándole a Bruselas toda la responsabilidad de esta reformulación de los planes iniciales: primero se pactaron unos términos y ahora Bruselas nos impone otros distintos. El Gobierno jamás mintió, aunque finalmente se termine haciendo lo contrario de lo que anunció: ha sido la Comisión la que engañó a nuestros gobernantes de buena fe.

En suma, tras la propaganda, el relato.