Las negociaciones entre el PP y Ciudadanos han protagonizado el agosto político español sin apenas rival. Sin embargo, el paréntesis en el proceso soberanista catalán está a punto de terminarse. A la vuelta de la esquina, el nuevo Gobierno español –si lo hay– y los partidos se enfrentarán con un otoño explosivo, lleno de momentos que podrían desembocar por primera vez en un enfrentamiento institucional a campo abierto. Los independentistas esperan que sirvan para levantar el ánimo de los suyos, alicaído por las luchas internas y los parones en la hoja de ruta.
DIADA.
En los cuatro últimos años, los 11 de septiembre en Cataluña sirven para tomar la temperatura al independentismo. Y en todos ellos ha habido manifestaciones multitudinarias que han espoleado los Governs de turno y que les han servido para tomar decisiones políticas: tras la de 2012, Artur Mas decidió adelantar las elecciones, aunque luego CiU perdió 12 de los 62 diputados que tenía en el Parlament. Consciente de la dificultad de mantener la movilización durante tanto tiempo, la Asamblea Nacional Catalana –la asociación, dominada por dirigentes del PDC y de ERC, que organiza las marchas– ha previsto para este año concentraciones descentralizadas en cinco localidades: Barcelona, Tarragona, Lérida, Salt y Berga. Aunque desde el soberanismo se alerta de que el ritmo de inscripción se ha ralentizado con respecto a otras ediciones, es de esperar que la movilización sea otra vez masiva. Por primera vez, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha decidido participar en los actos, en lo que dirigentes independentistas contemplan como un movimiento para captar votantes para el nuevo partido de ámbito autonómico que promueve.
FORCADELL.
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, recibió el 18 de agosto en la Cámara, de manos de funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la notificación del TC que recoge la suspensión de las conclusiones de la Comisión parlamentaria de Estudio del Proceso Constituyente. «Recibida la notificación. Reitero que en los Estados democráticos los conflictos políticos se resuelven políticamente con diálogo y acuerdos, no en el TC», dijo Forcadell como acuse de recibo. Tanto la CUP como la ANC –la asociación que ella presidió y que se convirtió bajo su mando en referencia del independentismo en la calle– ya le han pedido que desacate. Tiene 20 días hábiles para presentar alegaciones, y aún no lo ha hecho.
QUERELLA DEL 9-N.
Está previsto que durante el mes de septiembre la Fiscalía de Cataluña y las acusaciones populares –dos sindicatos de la Policía– presenten su escrito de acusación contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau por la organización de la consulta del 9-N. Los fiscales Francisco Bañeres y Emilio Sánchez Ulled afirmaron en su último escrito que «los investigados, muy en especial el investigado Mas, desafiaron abierta y públicamente la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional». El ex presidente de la Generalitat se podría enfrentar a unos 10 años de inhabilitación para ocupar un cargo público por un delito de prevaricación administrativa.
CUESTIÓN DE CONFIANZA.
El pasado mes de junio, el proceso soberanista pasó por su peor momento cuando la CUP se negó a votar a favor de los presupuestos de la Generalitat de 2016 y, en consecuencia, el Parlament los tumbó. Consciente de que había perdido la mayoría en la Cámara, el presidente catalán, Carles Puigdemont, convocó una cuestión de confianza, que se dirimirá el 28 de septiembre. Dolido, dijo que no buscaría de antemano el apoyo de los antisistema, pero nadie duda de que ya lo está haciendo. La CUP tendrá ese día otra vez la sartén por el mango: si sus 10 diputados no votan junto a los de Junts pel Sí, el Govern caerá y con toda seguridad se convocarán nuevas elecciones en Cataluña. Serían las cuartas en seis años.
PRESUPUESTOS.
Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat, conseller de Economía y líder de ERC, cosechó su primer fracaso político de importancia con el fiasco de las cuentas de 2016. Por eso, ha querido curarse en salud y negociar de antemano con la CUP, aunque durante el verano se ha encontrado con dificultades. En cualquier caso, ya ha advertido a los antisistema de que no sería coherente que salvaran a Puigdemont en la cuestión de confianza y, luego, no apoyaran los Presupuestos de 2017, que deben aprobarse en las próximas semanas y que desarrollarán el nuevo plan de gobierno que el president presente el 28 de septiembre. El Govern, además, se queja de que las dificultades para formar un nuevo Ejecutivo español están provocando una gran incertidumbre en sus finanzas: por ejemplo, Junqueras no sabe aún qué límite de déficit ni qué previsión de ingresos tendrá para elaborar las cuentas.
LEYES DE DESCONEXIÓN.
Después de que en julio el Parlament, con los votos de Junts pel Sí y la CUP, aprobara la primera de las leyes de desconexión, la de la Seguridad Social, los mismos grupos llevaron al Parlament el proyecto de la segunda, la de la Hacienda catalana. Se tramitará también en septiembre. Aunque sobre el papel la norma parece menos ambiciosa de lo esperado –se ciñe en todo momento a las «competencias conferidas por las leyes»–, los registradores de la propiedad, por ejemplo, temen que Junqueras no renueve el convenio por el que ejercen en Cataluña y decida que esas competencias las asuma la nueva Agencia Tributaria local.
RUI.
Como muestra de buena voluntad con respecto a la CUP, Junqueras ha dicho estos días que, en el caso de que se llegue a un acuerdo, piensa incluir en los Presupuestos de 2017 una partida para financiar la celebración de un referéndum unilateral de independencia (RUI). El concepto de moda en el mundo soberanista es también la principal exigencia de los antisistema, que ya le han puesto fecha: junio de 2017. En Esquerra lo ven con buenos ojos; en el Partit Demòcrata Català (la antigua Convergència), no tanto.