El Partido Popular y el PSOE han alcanzado, tras cinco años de bloqueo, un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El pacto, refrendado por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y por el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, pone fin a una circunstancia anómala y satisface el doble imperativo que Europa ha venido formulando en sucesivos informes sobre el Estado de derecho: debía renovarse la composición del órgano de gobierno de los jueces y, en paralelo, España tenía que arbitrar un nuevo mecanismo de elección de los vocales que garantizara su independencia efectiva del poder político. El acuerdo firmado es razonable y en una circunstancia política ordinaria podría considerarse, incluso, óptimo. Sin embargo, desde que Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno y, sobre todo, en el último año y medio, son demasiados los hechos que impiden interpretar la política española desde coordenadas de normalidad.

Nunca, en más de cuatro decenios de democracia, hemos vivido una crisis institucional como la de los últimos años. El crédito del presidente no sólo es nulo, sino que confiar en la palabra de Pedro Sánchez puede acabar convirtiéndose en una irresponsabilidad; basta revisar su historial de promesas incumplidas y los abruptos cambios de opinión que impúdicamente ha protagonizado el líder socialista. El modo en el que el PSOE entiende las instituciones y la lesión deliberada a la separación de poderes ejercida durante los últimos años evidencian una pulsión desmedida por controlar los mecanismos y resortes de la Justicia. Desde la Fiscalía General del Estado hasta la renaturalización del Tribunal Constitucional, recientemente convertido en una corte de casación destinada a amnistiar los delitos de corrupción de los condenados en el escándalo de los ERE, pasando por la amnistía al ‘procés’, Pedro Sánchez ha diseñado un plan de intervención de la Justicia en el que no han faltado, cuando lo ha considerado oportuno, señalamientos personales o acusaciones genéricas de ‘lawfare’.

Los términos del acuerdo se antojan sensatos y, en el caso de cumplirse, servirían para despolitizar la Justicia y, de algún modo, cumplir con la voluntad original del constituyente. Algunas de las medidas de regeneración no son enteramente novedosas y de hecho han fracasado en el pasado o caído en el olvido, pero exigir una mayoría de tres quintos para los nombramientos, evitar que una ministra como Dolores Delgado pueda ser fiscal general o hacer un reparto equitativo entre los vocales son condiciones no sólo asumibles, sino democráticamente deseables. El gran peligro no radica en su contenido, sino en la escasa credibilidad del jefe del Ejecutivo, y ese es el riesgo que personalmente ha decidido asumir sobre sus hombros Alberto Núñez Feijóo.

Todos los liderazgos políticos se construyen desde la valentía, pero la línea que separa la audacia de la temeridad a veces es demasiado fina. Los antecedentes del presidente del Gobierno son los que son y las recientes actuaciones de Conde-Pumpido o García Ortiz dan cuenta del modo en el que Sánchez instrumentaliza las más altas magistraturas del Estado sin ruborizarse. Cada vez que se ha dudado de si sería capaz de cruzar una nueva línea roja, los límites se han roto ante la incredulidad de una masa menguante de españoles que ingenuamente siguen confiando en Sánchez. Aunque cada vez sean menos. A partir de una trayectoria semejante, nadie podrá sorprenderse si el secretario general del PSOE convierte este acuerdo en la enésima estratagema con la que poner a salvo su interés político y personal. En el caso de que salga bien y de que España retome la senda de la normalidad institucional, el pacto será un éxito y se convertirá en un hito relevante para reconstruir la confianza entre los dos grandes partidos. Y de paso, pondrá fin a una componenda muy poco estética en la que durante años ambas formaciones se repartían cuotas de poder en el CGPJ, convirtiendo el preceptivo trámite parlamentario en una ceremonia menor, sin capacidad electiva o deliberativa real.

Sin embargo, en el caso de que Sánchez vuelva a engañar, y por pura inducción cabe inferir que existe una enorme probabilidad de que esto ocurra, Núñez Feijóo también tendrá que asumir en primera persona el coste de esta decisión. El éxito de esta arriesgada operación depende tanto del contenido del pacto como de su efectivo cumplimiento. Toca esperar para resolver si Sánchez vuelve a hacer de Sánchez o si, finalmente, podemos celebrar un acuerdo razonable.