Ningún acuerdo se ha resistido y ha dividido tanto en Bruselas como el alcanzado ayer por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea para crear un marco regulatorio común y más severo sobre migración, asilo y gestión de las fronteras. No es un acuerdo perfecto. No resuelve todos los problemas. No elimina las miserias que empujan cada año a cientos de miles de personas a probar fortuna en Europa. Pero es realista y es histórico.
El consenso es un éxito de la presidencia española del Consejo de la UE. Todos los Estados de la Unión responderán con un mismo criterio, y no con 27, y se comprometen a una solidaridad que, con sus matices (podrán regatearla con el pago de una contraprestación) y a falta de ratificación, se plasmará sobre el papel y deseablemente con hechos.
Después de varios años de negociación, los Veintisiete han dado con un punto de encuentro que satisface tanto a la derecha antimigración como a España, Italia o Grecia, que siempre han exigido más implicación de sus socios para el control de las fronteras, la distribución de los migrantes y la lucha contra las mafias que hacen negocio con ellos. Este paquete de medidas también atiende las inquietudes de Finlandia, Polonia o nuestro propio país, de nuevo, por el uso de potencias extranjeras como Rusia o Marruecos del flujo migratorio como medida de presión y desestabilización interna.
Los Gobiernos europeos han aprobado, en esencia, el endurecimiento de los requisitos para aceptar peticiones de asilo e impulsar la «solidaridad» entre países, y agilizarán los procedimientos de admisión y expulsión.
Del anuncio se desprende la voluntad de que no se repitan situaciones ni como las de Lampedusa o Canarias ni como las de Lesbos, donde miles de personas subsisten en circunstancias indignas. Las democracias europeas no pueden desentenderse ni de sus problemas demográficos ni de sus estándares humanitarios, y desde luego deben garantizar vías seguras para los migrantes y los solicitantes de asilo que abandonen nuestros países. Pero ninguna sociedad desarrollada puede absorber un flujo ilimitado de inmigrantes sin que su Estado del bienestar se resienta, y era necesario un acuerdo europeo que distribuyese los esfuerzos al tiempo que reforzase los controles.
Del acuerdo migratorio se deduce otra realidad. Durante años, la descoordinación y la supuesta tibieza de los Gobiernos nacionales ha sido carbón para el fuego de la derecha radical de todo el continente, que ha hecho del discurso antimigratorio y xenófobo su principal reclamo electoral. En algunos países de Europa Central, especialmente Hungría y Polonia, los líderes ultraconservadores han sacado rédito a este discurso pese a contar con niveles muy bajos de migrantes. Pero no son los únicos. En Países Bajos, ha ganado las elecciones la ultraderecha de Geert Wilders, conocido por sus campañas contra «la invasión islámica».
Es una retórica muy similar a la del Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen en Francia, donde la Teoría del Gran Reemplazo está muy extendida (según esta tesis, hay una operación para la desaparición de la población blanca y judeocristiana en los países occidentales sostenida sobre la migración fundamentalmente islámica), y la de Alternativa para Alemania, cercana al Kremlin.
Ambas fuerzas están creciendo preocupantemente en las dos grandes potencias europeas. El Reagrupamiento Nacional, que llegó a segunda vuelta en las últimas presidenciales, ha propiciado que Emmanuel Macron promueva una regulación migratoria muy estricta para Francia, celebrada ayer en nuestro Congreso de los Diputados por Santiago Abascal. Y Alternativa para Alemania amenaza con aumentar sustancialmente su presencia regional. Los dos partidos ven en el ejemplo de Giorgia Meloni en Italia una promesa de éxito.
Los discursos de la derecha radical están arraigando en toda Europa y su auge produce resultados. Algunas de sus ideas ya encuentran áreas de aplicación en Bruselas, y el resto de formaciones comunitarias, tanto conservadoras como liberales o socialdemócratas, busca maneras de neutralizarlas trasladando a los ciudadanos que el migratorio es un asunto que se toman en serio.
De modo que no es una coincidencia que este acuerdo se produzca a seis meses de las elecciones europeas. La inmigración será uno de los grandes debates de la campaña. También se celebrarán comicios nacionales en varios países donde la extrema derecha amplía su influencia y pretende aplicar su agenda. Una agenda que va más allá de la inmigración y que pone en riesgo el proyecto europeo en sí mismo. Los distintos Gobiernos saben lo que hay en juego. Y por eso han apostado por un Pacto Migratorio realista y pragmático para un problema sin soluciones perfectas.