Hay quien piensa que un hipotético varapalo del Congreso de los Diputados al decreto sobre la reforma laboral que corrige -menos de lo esperado- la aprobada por Mariano Rajoy en 2012 sería un trago amargo para Pedro Sánchez pero no una catástrofe política para el Gobierno PSOE-Podemos. La razón, que el Ejecutivo ya se ha colgado en la pechera la medalla del acuerdo «histórico» forjado por Yolanda Díaz con patronal y sindicatos y, lo que es más relevante, ya ha recibido una primera inyección de los fondos europeos. 10.000 millones de euros sin vuelta atrás que apuntalan el relato sanchista sobre España como alumno aventajado de Bruselas, un país que habría aprovechado, según la narrativa monclovita, el infortunio pandémico para tomar impulso reformista y democratizador.

En esa lógica, apuntalada por la ‘doctrina Bolaños’, que matizó ayer a otros compañeros del Consejo de Ministros y reafirmó la intención del Gobierno de no debatir enmiendas al texto y someterlo a votación como decreto ley sin tocar una coma, la carga de la prueba recaería en el PP, y no en un Ejecutivo que ya habría hecho sus deberes «con nota». Es decir, que un traspiés de la reforma sería achacable a la actitud «pueril» de los populares, cuyas presuntas discrepancias internas en este asunto, agravadas por también supuestas presiones empresariales, agitan sin disimulo los servicios de fontanería de Moncloa.

La jugada tiene sentido: si la dirección nacional de los populares opta por la estrategia de no dar ni agua a Sánchez ante la inminente apertura de un ciclo electoral que puede -o no- dar un vuelco al panorama en España, el PSOE juega a responsabilizar exclusivamente a los populares de que la nueva legislación llegue a buen puerto. Eso, a pesar de que son los socios de la llamada mayoría de la investidura, los mismos que han sostenido a Sánchez desde 2018, los que amenazan con hacer caer la contrarreforma laboral por diferentes motivos, que van desde las presiones sindicales al puro interés partidista o a las ganas de seguir sacando tajada.

El resultado, un país no solo de bloques sino también bloqueado, una situación sin perspectivas de cambiar, como mínimo, hasta las elecciones convocadas en Castilla y León para el próximo 13 de febrero. En el ánimo con el que el PP afronta esos comicios, que ven como la primera piedra para propiciar la llegada de Pablo Casado a Moncloa, está la clave para entender la cerrazón de Génova a un acuerdo que satisfaría a una CEOE a la que, con sus más y sus menos, los populares siempre se han mostrado cercanos. Las dudas que ayer sembró Cuca Gamarra sobre la división empresarial en torno a la reforma -a pesar de que el 98% de las organizaciones patronales la han respaldado- dan a entender que la decisión está tomada en la cúpula popular. Pese a quien pese. Que no aprovecharán el incumplimiento de la promesa gubernamental de «derogar» el texto de Rajoy para airear las contradicciones del Gobierno y alimentar su imagen de partido de Estado.

Y no lo harán porque en el ánimo electoral del PP está detener el avance de Vox, aglutinar el voto de centro derecha en torno a su marca y lograr que tanto Alfonso Fernández Mañueco como el andaluz Juanma Moreno, el siguiente barón popular en someterse a las urnas, se marquen un Ayuso y se acerquen a la mayoría absoluta -o la logren- para así evitar depender de la formación de Santiago Abascal. En definitiva, minimizar su relevancia y evitar que cumpla su objetivo de entrar en gobiernos autonómicos este 2022.

El objetivo es cortar las alas a la extrema derecha con la vista puesta en las generales de finales de 2023 y para lograrlo en la hoja de ruta del tándem Casado-García Egea no caben veleidades pactistas. Del mismo modo que las encuestas dan posibilidades a Mañueco de lograr la proeza, también vaticinan que al menos un tercio de los votos del bloque de derecha en las generales irán a la saca de Vox. Casado lo tiene mucho más difícil que sus presidentes autonómicos pero aun así el rumbo del PP se antoja inalterable. Ni en la reforma laboral ni en el otro gran acuerdo de país pendiente, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo bloqueo y la reforma aprobada por PSOE y Podemos para impedir nombramientos con los mandatos caducados deja ya 57 vacantes en la cúpula judicial, doce de ellos en el Supremo. El desbloqueo del país depende de las urnas. Así nos va.