-¿Y qué te parece el Pedro Sánchez este, Paco? ¿Qué opinas de él?

Y entonces el exvicepresidente del Tribunal Constitucional y expresidente del Consejo de Estado, un socialista democrático, se levanta como sacudido por el rayo, la compostura recuperada de repente, las manos abiertas como platos y exclama indignado:

-Eso es lo peor que le ha ocurrido al PSOE en 135 años de historia, créeme, Víctor, una desgracia para el partido. Y otra cosa te digo, no traerá nada bueno como llegue a mandar.

Rubio Llorente falleció en Aravaca en enero de 2016, sin tiempo para ver los estragos que el personaje ha causado en un PSOE hoy reducido a cenizas y el destrozo de mayor cuantía que está provocando en la arquitectura institucional española y en la propia democracia, hoy gravemente amenazada por este sátrapa vocacional dispuesto a reinar sobre un montón de escombros. Desde este jueves, el castellano o español ha dejado de ser lengua vehicular de la enseñanza y lengua oficial del Estado. Es el resultado de la enmienda transaccional -cuarta y última ponencia de la Ley Celaá– que el pacto entre PSOE, Podemos y ERC sacó ese día adelante en el Congreso con el respaldo de Bildu y Más País. PP, Ciudadanos, UPN y Vox votaron en contra, mientras el PNV se abstuvo. El texto acordado deja en manos de las comunidades autónomas la enseñanza en castellano en los centros educativos de aquellas autonomías con lengua cooficial y no prevé ningún mecanismo para que, desde el Estado, el español pueda utilizarse como lengua vehicular, tal como establece el artículo 3 de la Constitución (“El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”) y los tribunales han dictaminado de forma reiterada.

No estamos ante una fechoría más de Sánchez, sino ante una agresión de extrema gravedad al acervo colectivo de los españoles. La lengua común es un símbolo de identidad y un vínculo que une a los ciudadanos

Comunistas, separatistas y demás socios que sostienen a Sánchez en la peana de Moncloa se cobran la educación en español como gran botín de su espurio respaldo, a cambio, esta vez, de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021. Con ser oneroso, el precio pagado por el socialista a sus socios no había hasta ahora traspasado una línea roja sin posible vuelta atrás. Esto es distinto. Esto, además de un atentado a derechos y libertades básicas reconocidos en la Carta Magna, es abrir la puerta a la destrucción del Estado democrático de Derecho tal como lo hemos conocido. El principio del fin de la unidad de España como nación. ERC lo explicaba con indisimulado júbilo en sus redes sociales: “Blindem la immersió lingüística! Forcem que el catalá sigui la llengua vehicular a Catalunya a la normativa estatal”. Chuleando al PSOE, por añadidura. La diputada Montse Bassa (“Personalmente me importa un comino la gobernabilidad de España”, enero 2020) lo ha dejado claro por escrito: “No queremos que el castellano sea lengua vehicular, sino que se enseñe como cualquier lengua extranjera, como el inglés o el francés”.

No estamos ante una fechoría más de Sánchez, sino ante una agresión de extrema gravedad al acervo colectivo de los españoles. La lengua común, con todo el respeto a las lenguas minoritarias, es un símbolo de identidad y un vínculo que une a los ciudadanos en torno a un proyecto colectivo. Imposible encontrar en toda Europa un caso similar de país donde sea imposible educarse en la lengua oficial en determinadas regiones del mismo. Y no se trata, o no se trata solo, de que al final los niños catalanes terminen hablando y escribiendo correctamente en español, cosa difícil de asumir, se trata de que no se puede vulnerar el derecho de un niño a estudiar en su lengua materna en el país en que ha nacido. Es una cuestión de libertades básicas, clave del arco del “problema” catalán –la pobre calidad democrática o la ausencia de democracia en Cataluña-, y del derecho que a todo ciudadano libre asiste para oponerse a la dictadura de un nacionalismo reaccionario dispuesto a convertir a más de la mitad de los catalanes en ciudadanos de segunda clase.  

Los hoy niños hispanohablantes serán considerados extranjeros en Cataluña y/o habrán pasado a engrosar las filas de esa servidumbre identitaria que desde las mezquitas separatistas pregonan sus imanes

Todo al servicio de los que sueñan con acabar con España. El camino lo inició el patriarca Jordi Pujol, conocido delincuente que a finales de los noventa marcó el camino con su “Agenda 2000”, algo que obligó a miles de maestros y profesores a abandonar Cataluña por culpa de la inmersión lingüística. Los resultados se vieron 15 años después: el procésy la ruptura de la sociedad catalana, la ruina económica y el enfrentamiento social. Un crimen contra la convivencia. Con lo aprobado el jueves en el Congreso, dentro de otros 15 años, quizá menos, los españoles verán completada la voladura de una nación tan insidiosamente perseguida por el nacionalismo como consentida por la criminal dejación de años de los Gobiernos de PP y PSOE. Los hoy niños hispanohablantes serán considerados extranjeros en Cataluña y/o habrán pasado a engrosar las filas de esa servidumbre identitaria que desde las mezquitas separatistas pregonan sus imanes a través de dos grandes altavoces consentidos: la escuela y unos medios de comunicación comprados por la Generalitat. Como escribe Juan Claudio de Ramón, “la exclusión forzosa y total del español como lengua vehicular es clave en la hegemonía nacionalista: hace saber a los catalanes que se sienten españoles (sea cual sea su lengua materna) que son clases subalternas. Se extranjeriza al español para extranjerizar España”.

Hacia la ruptura de la nación

Es la vía más rápida hacia la ruptura definitiva de la nación, porque detrás de Cataluña, hay pocas dudas, vendrán Baleares, la Comunidad Valencia, el País Vasco con Navarra (cuando el PNV quiera), Galicia (en cuanto Feijóo entregue el testigo), incluso Asturias con su bable… Es el ¡Viva Cartagena! de un país que parece dispuesto a suicidarse en silencio. Lo sabe bien ERC, culpable de tantas desgracias en la historia de España: controlar la educación para moldear las conciencias de las nuevas generaciones, de cara a ese 51% de respaldo social favorable a la secesión que tanto se les resiste. Y lo sabe también el PSC, la marca catalana del PSOE, que lleva décadas defendiendo la exclusión del castellano en Cataluña con más ahínco incluso que los propios separatistas. Lo aprobado este jueves es un intento de consolidar este atropello a la Ley Orgánica de Educación para protegerse de las sentencias de los tribunales, incluido el Tribunal Constitucional al que van a acudir PP, VOX y Cs. Liquidar el español de Cataluña, en fin, es una ofensa que ningún español bien nacido debería perdonar nunca al PSOE. ¿Qué diría el jefe de la banda a los abuelos socialistas de Andalucía, de Murcia, de la ancha Castilla, de Aragón, si levantaran la cabeza? ¿Cómo les explicaría este crimen?

Y como lo han previsto todo, PSOE, Podemos y ERC acordaron también el jueves suprimir la oposición para acceder a la inspección educativa. A partir de ahora, los inspectores educativos, funcionarios públicos que se encargan de verificar el cumplimiento de las leyes en los colegios, solo necesitarán demostrar “su capacidad de liderazgo” para acceder al cuerpo, lo que equivale a decir que, a partir de ahora, los nuevos inspectores educativos serán militantes y/o simpatizantes del PSOE y/o Podemos. De “coladero para el enchufismo” lo ha calificado un sindicato, que es exactamente lo que este Gobierno pretende hacer, si le damos tiempo, con todas las oposiciones a los altos cuerpos de la Administración del Estado, empezando por las de acceso a la judicatura.

Liquidar el español de Cataluña, en fin, es una ofensa que ningún español bien nacido debería perdonar nunca al PSOE

No ha sido el único atentado cometido esta semana por este Gobierno felón contra el Estado democrático de Derecho. El jueves supimos también que Moncloa se dispone a crear una especie de “ministerio de la Verdad” como el diseñado por Big Brother en la distópica y orwelliana 1984, encargado de decidir lo que de verdadero y falso publican los medios de comunicación, un asunto que, si no fuera una pieza más en el engranaje totalitario que se nos viene encima, sería casi una broma, porque broma macabra es que el Gobierno que más ha mentido, con diferencia, en la historia de España, se arrogue el derecho a determinar lo que es verdad o es mentira en los medios. “Unos tíos que tienen 20.000 muertos escondidos debajo de la alfombra te van a proteger de las noticias falsas”, ironizaba estos días el bloguero Pastrana en su cuenta de twitter. La demostración de la falta de vergüenza del descuidero que nos gobierna.

Conviene, sin embargo, no perderse en el laberinto. Sánchez veta el español en Cataluña como pago a los servicios de ERC, y pone en manos de Iglesias el agit-prop del nuevo régimen, la posibilidad de censurar toda publicación contraria a los intereses de la coalición peronista-bolivariana que nos gobierna, porque es el precio que Pablo ha exigido en pago al rol capital que Podemos juega como principal sostenedor de Sánchez, de modo que el aludido accede a publicar una Orden Ministerial por la que se establece una Comisión Permanente encargada de “luchar contra la desinformación”. Esa “Comisión” dependerá del secretario de Estado de Comunicación, cargo político que reporta a Iván Redondo, jefe de gabinete de Sánchez, y del control del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo secretario es otra vez el Rasputín de Moncloa, quien tendrá la última palabra a la hora de censurar aquello que pueda incomodar a su gran amigo Iglesias. “El control de los bulos por Moncloa, o cómo poner al lobo a cuidar de las ovejas” (Rubén Arranz, en Vozpópuli el pasado viernes).  

Impresión de sociedad anestesiada, despavorida ante las dimensiones de la catástrofe, económica y política, que se viene encima

Iglesias (“A mí dame los telediarios”) consigue así hacer realidad el sueño que venía persiguiendo desde que Sánchez le tentara por primera vez con formar Gobierno tras las generales de abril de 2019. “Yo creo que es crucial”, aseguraba este perfecto leninista en un vídeo realizado en 2014, “controlar los medios de comunicación privados porque son un privilegio de los ricos”. Y como el marqués de Galapagar es ya un rico comme il faut, no ha tardado en crear un panfleto especializado en las técnicas comunistas de desinformación intitulado ‘La última hora’. “Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayoría de los medios de comunicación sean privados, e incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente”, sostiene este ángel de sabiduría y bondad.

Algunos se van a hacer muy ricos

El achatarramiento del país camina a pasos de gigante. La preocupación creciente de las familias por la salud, maldito covid, y la supervivencia ante el horizonte de crisis que nos atenaza minusvalora y difumina todo lo que no tenga que ver con esos dos grandes ítems por grave que sea. Impresión de sociedad anestesiada, despavorida ante las dimensiones de la catástrofe, económica y política, que se viene encima. Es la desertización en principios y valores sufrida por la sociedad española durante décadas, proceso cultivado interesadamente por los partidos del turno, lo que ahora ha cristalizado y está dando sus frutos más amargos. El goteo de decisiones políticas atentatorias contra los derechos y libertades se asume con la indiferencia del que ya lo ha perdido todo. La asfixia que la malhadada Ley Celaá quiere perpetrar contra la educación concertada, por ejemplo. La norma que prepara Hacienda según la cual la Inspección podrá entrar en los domicilios privados sin aviso previo. Hay que recaudar, amasar, pillar a trote y moche, que el Gobierno necesita recursos “para hacer política”, como decía el infausto Zapatero. Robar al prójimo para seguir alimentando ese “ministerio de la Abundancia” orwelliano que Pedro & Pablo quieren también regalarnos. 

No sabemos si “saldremos más fuertes”, como asegura la propaganda oficial; lo que sí podemos sospechar es que ellos van a salir más ricos, algunos muy muy ricos. La oficina del presidente en Moncloa y la de su jefe de gabinete es un ir y venir de amigos y conmilitones preguntando “qué hay de lo mío”, y ofreciendo proyectos de chichinabo susceptibles de ser financiados con el dinero del fondo de rescate de la UE. Se van a poner hasta las talanqueras. El rescate de Air Europa es una de esas operaciones dignas de toda sospecha, que recuerda dislates como la privatización de Rumasa o la reconversión industrial de los ochenta. El crony capitalism vuelve por sus fueros con el socialismo. Y como hay que taparlo todo, conviene sacar a colación cada par de días un nuevo escándalo del Emérito, una nueva investigación de la Fiscalía sobre dineros ocultos de Juan Carlos I, que la Lola se va a los puertos Delgado sabe ganarse el sueldo dando gusto a sus amos. Echar mierda sobre el Emérito, que se lo ha ganado a pulso, y enviar al hijo a confraternizar con el nuevo régimen izquierdista de Bolivia en compañía de Iglesias. ¿Cabe mayor humillación? Como escribía en este diarioKarina Sainz Borgo el viernes, “en un siglo llamado a resolver y superar los conflictos y desmanes de su predecesor, la amenaza autoritaria se acentúa, así como el asedio de la propaganda y el auge de los extremismos que amenazan libertades que dimos por supuestas”. La alternativa es rendirse o seguir luchando por la libertad, “ese delicado fruto de toda civilización madura” que decía Lord Acton.