¿Un país con veinte banderas?

Sí, eran veinte las banderas, pues junto a la bandera española –una más sin distinción alguna– se alineaban las 17 banderas autonómicas más las correspondientes a Ceuta y Melilla.

Hasta el propio Rey fue convocado a tan magno acontecimiento, y, como no podía ser menos, los presidentes de Cataluña y País Vasco no se dignaron acudir al evento, en una clara manifestación de descortesía política y arrogancia sin límites. Pero era explicable, pues el vasco ya disfruta de mejores recursos que los demás por el Concierto, y no le viene bien escuchar las quejas de sus colegas, y el catalán espera sacar mejores réditos apurando su política de desplantes y desafíos.

En el fondo, de lo que se trataba era de recabar por parte de los presentes mayores recursos para las arcas de los allí congregados, aunque ello siguiera contribuyendo al aumento del gasto público y la presión fiscal, sin que se hiciera la menor contribución a la necesidad de una política de ahorro y austeridad respecto a los numerosos gastos improductivos que acumulan las distintas autonomías. Así, el Estado Autonómico ha acabado siendo instrumento para uso y disfrute de la clase política y un quebradero de cabeza y permanente saqueo para todos los españoles.

Este es el triste resultado de nuestra actual estructura autonómica, que ha desembocado, por desgracia, en un señalado fiasco. Fiasco porque, al fin y a la postre, lo que se pretendió en la Transición con el Estado Autonómico fue tratar de integrar y acomodar los nacionalismos vasco y catalán en el marco de la Constitución, y lo que en realidad ha ocurrido es justo lo contrario. Ambas comunidades, lejos de integrarse, y ser a su vez verdaderos motores del progreso y modernización de España –que hubiera sido su verdadero papel–, no han dejado de suponer una continua amenaza para la convivencia nacional. Y lo que es lamentable, asimismo, es que de resultas de este intento lo que en 1977 era un sentimiento independentista muy minoritario en Cataluña cuarenta años después ha llegado a alcanzar proporciones altamente preocupantes. Además, como consecuencia del proceso abierto aquel entonces, hemos implantado un puñado de autonomías a voleo, con poco arraigo y dudosa justificación, que han acabado por configurar un Estado innecesariamente complejo que nos cuesta un ojo de la cara mantener.

Comprobará el lector que pretendo ser muy claro en mi exposición y soy consciente de que estoy defendiendo una posición que no es políticamente correcta según los cánones que se han impuesto a la opinión pública en estos últimos tiempos. Lo políticamente correcto sería afirmar que la «España plural y diversa» demanda y exige una organización del Estado de carácter autonómico si no federal, o incluso confederal, como pretenden algunos.

Pues bien, una persona poco sospechosa sobre el particular como el expresidente Felipe González, en reciente intervención que he recogido en lectura de prensa, ha formulado una interpretación sobre lo que representa para él la afirmación de la pluralidad y diversidad de España que me ha parecido que arroja, a mi juicio, algo de luz sobre la cuestión. Dice Felipe González a este respecto: «La España plural tiene que ver con las ideas»; y añado yo: de ahí la necesidad de reconocer y articular el pluralismo que da origen a los partidos políticos de nuestro país. Y sigue afirmando el líder socialista: «La España diversa hace referencia a los sentimientos de pertenencia entre los diferentes pueblos que la integran».

Forzar, pues, el argumento de la diversidad natural de nuestro país para justificar una determinada organización del Estado resulta ser un recurso demasiado fácil e interesado. ¿Qué país del mundo es totalmente uniforme sin diversidad de paisajes, climas, orígenes históricos y costumbres? Probablemente ninguno. Y añado más, tratar de retorcer la Historia para defender lo indefendible de manera que tengamos que aceptar de buen grado 17 Gobiernos, 17 Parlamentos con responsabilidad legislativa y 17 Tribunales Superiores de Justicia, amén de una multiplicidad de órganos y estructuras perfectamente superfluas, no deja de ser un ejercicio de irresponsabilidad política, visto lo visto. Tampoco la existencia de determinadas lenguas propias en algunos territorios de nuestro país –intensamente protegidas, por otra parte, desde el poder, cuando no descaradamente impuestas– constituye razón suficiente para el establecimiento de una estructura política que acaba comportando, como estamos viendo, un riesgo manifiesto para la unidad nacional y la igualdad y libertad de todos los españoles.

Recordemos, por ser necesario, que la fórmula federal, y correlativamente la autonómica, encuentra su razón de ser al tratar de lograr la unión de lo que está separado, y no la separación de lo que se encuentra unido. Por desgracia, no hemos querido tener en cuenta tampoco la triste experiencia histórica que ha vivido nuestro país en el pasado con los procesos descentralizadores de carácter político que fracasaron estrepitosamente durante la I y II Repúblicas, llegando incluso a suspender la autonomía catalana por su descarada deslealtad.

Pienso sinceramente que en algún momento tendremos que poner fin y solución a lo que considero un verdadero despropósito. En este sentido, me parece urgente que al menos tomemos nota de que hay cerca de un 25% del cuerpo electoral que vería bien y estaría de acuerdo en defender una España democrática, unida sin autonomías. Si a este porcentaje añadimos aquellos que desean una recentralización y recuperación de competencias por parte del Estado central, comprobaremos que hoy más del 50% de los españoles desearían una recomposición de la actual Administración del Estado. En algún momento habrá que dar voz y debida representación política a esos millones de españoles que defienden legítimamente una articulación jurídico-constitucional de España distinta a la actual que, desde luego, está más en consonancia con nuestra realidad histórica y los retos futuros que se avecinan.