Pedro Chacón-El Correo
Con la disposición adicional segunda del Real Decreto 9/2024 de 23 de diciembre pasado, el Gobierno de España se acaba de asegurar el apoyo del PNV para lo que quede de legislatura y más allá. Con esta simple pero trascendental frase: «La propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este Partido». La increíble paradoja consiste en que algo por lo que el PNV ha venido luchando tanto desde 1951 ha encontrado ahora, justamente en el Gobierno de España, que fue quien entonces se lo quedó, el principal valedor para su restitución.
El PNV se ha apresurado en su página web a recordar que «la transferencia previa a su adquisición se formalizó el 12 de septiembre de 1936, cuando el Gobierno vasco aún no existía». Es lo que ha trascendido a la Prensa estos días. Pero no nos hagamos trampas: en una propiedad lo único que cuentan son las escrituras, y estas se firmaron el 8-9 de octubre de 1937, tal como nos lo cuenta el mejor conocedor de todo el proceso, el nada sospechoso para el nacionalismo Jean-Claude Larronde, en su obra ‘Exilio y solidaridad’. El Gobierno vasco, conformado el 7 de octubre de 1936, constituyó su delegación en París, con Ricardo Picavea al frente, que alquiló el palacete en marzo de 1937, y no fue hasta octubre de 1937 cuando Marino Gamboa -tipo de leyenda- lo compró, se supone que con las aportaciones de vascos en América. Pero para explicar por qué en 1939 la propiedad cambió de manos, lo cual llevó a un pleito, una vez finalizada la Guerra Civil, por el que una sentencia judicial francesa de 1951 lo asignó al régimen franquista, dice Larronde: «El Gobierno vasco consideró que convenía constituir una sociedad según el derecho francés que tomase a su cargo los bienes pertenecientes al Gobierno vasco que se encontraban en suelo francés». Como vemos, todo lo gestionó el Gobierno vasco. Y es que el PNV siempre ha tenido problemas en discernir hasta dónde llega el partido (lo privado) y dónde comienza el Gobierno vasco (lo público).
Así que, contra lo que ahora afirma el PNV, la compra del palacete se realizó un año después de constituirse el Gobierno vasco. Y lo relevante fue la instalación en él primero de la delegación y luego del propio Gobierno vasco, encabezado por su primer lehendakari, José Antonio Aguirre. Toda su importancia histórica deriva de ahí, no de la propiedad del PNV. Por lo que lo suyo hubiera sido que la propiedad hubiera pasado, con todo derecho, al Gobierno vasco actual como institución pública. Pero claro, qué mejor defensor iba a encontrar Sabin Etxea que el actual presidente del Gobierno de España para zanjar la cuestión.