Esta vez no estamos ante una discusión de política entre políticos que la mayoría de los ciudadanos observa con distancia. La fenomenal bronca que se ha suscitado al comprobarse que la que se conoce como ‘ley del sólo sí es sí’, promovida por la ministra Irene Montero para aumentar las penas por delitos sexuales, está permitiendo también que se revisen a la baja las condenas a algunos agresores, apenas ha dejado indiferente a nadie.
De nada ha servido la salida de tono de la ministra podemita, responsabilizando de las primeras reducciones de condena al ‘machismo’ de algunos togados. Claro que hay jueces machistas. Basta con recordar el voto particular de uno de ellos contra la sentencia por la que se condenó a los miembros de ‘La Manada’. No es el caso.
Lo sucedido con esta ley es un problema de falta de calidad de la norma. Posiblemente por la no inclusión de una disposición transitoria que impidiera la revisión a la baja de condenas en firme. Eso es un clamoroso error del ministerio de la señora Montero. Pero también del Consejo de Ministros en su conjunto que es quien envía los proyectos de ley al Parlamento. Y hasta de éste por no solventar el problema.
Ojalá que en vez de insultar o de hacer emplazamientos a los jueces, el Ministerio de Igualdad, el Gobierno de coalición en su conjunto, procedan a subsanar el error ya. Se evitará así que más agresores condenados logren una reducción de su pena y que sus víctimas tengan que volver a rememorar lo sucedido. Para los que ya han logrado aminorar su condena no hay marcha atrás.
Todo esto constituye un peligroso borrón político para la izquierda. Sobre todo para la izquierda de la izquierda, para Unidas Podemos. Pero el PSOE tampoco sale indemne.
No es la única patata caliente que tiene sin resolver Moncloa. Resulta impresentable que Grande Marlaska siga aún al frente de Interior tras lo ocurrido en Melilla. Que hasta la oficina del Defensor del Pueblo que lidera el moderadísimo Ángel Gabilondo haya dicho que su versión no es creíble resulta más que elocuente.
Sobre la mesa aguardan otros dos cambios legales vinculados al fallido ‘procés’, que lo que buscan es una amnistía encubierta de los condenados por tales hechos. La derogación del delito de sedición y su sustitución por el de desórdenes públicos agravados parece, por desgracia, no tener marcha atrás. La pretensión de ERC de que se modifique también la malversación de caudales -para que el inhabilitado Oriol Junqueras pueda concurrir a las elecciones- está más en el aire. Y es que malversar el dinero de todos es exactamente eso, con independencia de que quien lo haya cometido se haya lucrado personalmente, lo haya hecho por su partido o haya un testaferro de por medio.
Falta un año para las elecciones, sí, pero cada vez parece más complicado, no imposible, que el electorado progresista perdone a las izquierdas tantos borrones. Salvo que una mayoría valore el cordón social contra la crisis puesto en marcha por el Gobierno PSOE-UP por encima de todo o vea lo que está haciendo Ayuso en Madrid y huya del liberalismo del PP.