La riqueza minera de España es conocida desde la antigüedad. No en vano fenicios, cartagineses y romanos se interesaron en ella, explotando sus yacimientos y dando lugar a una tradición que ha llegado hasta nuestros días, a pesar de los crecientes obstáculos a los que se ha enfrentado bajo la presión de un ecologismo radical que se ha opuesto a la apertura de nuevos yacimientos. En las dos últimas décadas, el sector ha visto el cierre de las explotaciones energéticas –carbón, gas y petróleo–, amén de otras 1.600 minas, lo que ha supuesto la pérdida de un tercio de los empleos y la producción que aún subsistía en la primera década del siglo. Ahora, sin embargo, en un contexto europeo de crisis en el abastecimiento de materias primas, fruto de los conflictos bélicos y de la ruptura de la globalización, la Unión Europea está impulsando una política de reducción de la dependencia exterior en cuanto a las materias primas críticas, lo que supone una nueva oportunidad para la minería metálica española, singularmente la del cobre, litio, estroncio y wolframio. Como tales sustancias son imprescindibles para el desarrollo de los equipamientos y productos ligados a la transición energética y ecológica, ese estímulo europeo ha encontrado eco en nuestro gobierno, que ha aprobado un plan a cuatro años, dotado con 414 millones de euros, para su desarrollo, incluyendo la exploración de nuevos depósitos minerales y su extracción. Se trata de una política más bien alicorta, pues se centra en los siete proyectos que la UE ha considerado estratégicos, pero que apenas va más allá. En particular, llama la atención la ausencia completa de la minería energética en los planteamientos del Ministerio de Transición Ecológica, toda vez que tanto Europa como España se enfrentan a un grave problema de accesibilidad a las correspondientes materias primas. Además, los estudios geológicos disponibles señalan que nuestra península alberga reservas de petróleo y gas que podrían cubrir el suministro de los próximos veinte y setenta años, respectivamente. Claro que su extracción requiere emplear la tecnología de la fractura hidráulica, que el gobierno de Sánchez se apresuró a prohibir hace cinco años. No estaría de más, por ello, una ampliación libre de prejuicios del plan minero.