Al tiempo que el Estado solucionaba en España su desfase con la modernidad fiscal (1977), se enfangaba en unas reformas estructurales y cesiones de poder a las comunidades autónomas que contribuirían a su debilitamiento. Error de la Transición, que luego nadie querría reparar, fue entregarles la palanca ideológica de la Historia renunciando el Estado al principal instrumento de formación de ciudadanos.
Desde que Ortega se doliera de su España invertebrada se ha popularizado la idea de que la sociedad civil es débil en nuestro país. Pero, si, efectivamente la sociedad española ha sido débil a lo largo de los dos últimos siglos, el Estado lo ha sido todavía más. Débiles sus ejércitos, insuficiente su aparato burocrático y fracasada su política educativa.
Dos corrientes ideológicas enraizadas en la España de las minorías o las mayorías contribuirían a adelgazar al Estado: el krausismo, partidario de limitar al máximo la acción estatal como un mal necesario y el anarquismo, enemigo acérrimo de cualquier forma de poder. Aunque hemos olvidado grandes lecciones de la historia nacional, todavía podemos recordar que, en España, la Iglesia, el caciquismo rural, el ejército, el sindicalismo o el capitalismo fueron más importantes que la vida política hasta los años treinta del siglo pasado y el largo período de autoritarismo franquista.
A pesar de ser el primer Estado moderno de Europa, España arrastraría por siglos una gran debilidad, derivada de sus agobios económicos, de su incapacidad para crear un sistema fiscal poderoso que convirtiera en contribuyentes a los dos estamentos privilegiados, la nobleza y la Iglesia. De nada sirvieron los parches -inmensa deuda pública, moneda fraudulenta, bancarrota- que improvisaron los distintos gobiernos con el objeto de inyectar sangre en las venas de una Hacienda siempre moribunda.
En el arranque del Estado nacional, de poco o nada sirvieron las desamortizaciones que pusieron en marcha los liberales, los pioneros del capitalismo. Hasta la magna reforma fiscal de 1977, el Estado español no tendrá el horizonte despejado de su supervivencia y el cauce necesario para afrontar la extensión y mejora de los servicios públicos.
Pero al mismo tiempo que el Estado solucionaba en España su desfase con la modernidad fiscal, se enfangaba en unas ambiciosas reformas estructurales y cesiones de poder a las Autonomías que contribuirían a su debilitamiento. Error de la Transición de Suárez, que luego nadie pondría empeño en reparar, fue entregar a las Comunidades Autónomas la palanca ideológica de la Historia renunciando el Estado al principal instrumento de formación de ciudadanos.
Lamentablemente, durante los últimos años la debilidad del Estado ha dejado indefensos a millones de ciudadanos, castellanoparlantes, residentes en Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Comunidad Valenciana. Y ha permitido a sus autoridades regionales exhibir como «normalización» lingüística lo que, en realidad, es un proceso forzoso de planificación cultural implacable, una homogeneización descarada contraria al pluralismo.
Mientras al gobierno nacional se le llena la boca proclamando su cruzada de defensa de las libertades, éstas se asfixian en las disposiciones de algunas comunidades autónomas que vulneran los derechos individuales cuando despliegan su vocación intervencionista para modelar la sociedad, eliminar las diferencias, las disidencias y construir sus otras naciones.
En esta hora grave de España, muchos soñamos con un Estado fuerte que impida volver a unos reinos de taifas étnico-lingüísticos propios de la Edad Media. En esta hora de destrucción de empleo y crisis económica muchos pensamos que el Estado debe recuperar su capacidad financiera y diseñar un sistema fiscal que le permita tomar decisiones rápidas, centralizadas y sin los agravios comparativos que quieren establecer algunas Autonomías.
Fernando García de Cortázar, ABC, 9/2/2009