En primer lugar, que España disponga de presupuestos resulta fundamental no sólo para hacer viable la legislatura, sino para preservar la estabilidad política y afianzar el crecimiento económico. El problema es haberlo logrado tras una penosa imagen de mercadeo en el que las minorías nacionalistas han impuesto sus exigencias en detrimento de los intereses nacionales.
Es evidente que, en la negociación que acaba de finalizar, el PP se ha visto condicionado por el hecho de no disponer de mayoría absoluta en la Cámara Baja. Sin embargo, ha sido la irresponsabilidad de los partidos mayoritarios de la oposición –especialmente, el PSOE–, lo que no ha dejado al Gobierno otro margen que no sea el de tejer un bloque de centroderecha, eso sí, sujeto a las demandas de los nacionalistas. Resulta paradójico que, tras dos elecciones generales en las que el bipartidismo se ha visto claramente horadado, al final la gobernabilidad vuelva quedar al albur de los designios de algunos de los grupos minoritarios de la oposición. La política española se retrotrae así al marco parlamentario que sirvió para facilitar el gobierno durante los mandatos en minoría de Felipe González, Aznar y Zapatero.
En esta ocasión, tanto el nacionalismo vasco como las formaciones canarias han aprovechado de una forma obscena la debilidad del Gobierno. No sólo porque han convertido en una entelequia la condición de representantes de la soberanía nacional –una exigencia inherente a todos los diputados–, sino porque sus dirigentes tampoco han tenido empacho en disimularlo lo más mínimo.
Los canarios son los grandes beneficiados del precio pagado para sacar adelante los Presupuestos. En aras de lograr el disputado escaño de Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias, el Gobierno ha comprometido 204 millones de euros de inversiones en seis meses en el archipiélago y ha accedido a bonificar el 100% del transporte de mercancías entre las islas y la península. A ello se suma una mejora en el régimen fiscal canario, entre otras medidas que afectan a sectores estratégicos para las islas, como la energía o la pesca. Y a ello hay que añadir también el paquete inversor pactado previamente con Coalición Canaria, que se eleva a 1.300 millones de euros en tres años. Asimismo, el nacionalismo vasco también ha sabido sacar tajada de esta coyuntura. El PNV, que ya votó en contra de las emiendas a la totalidad de la oposición a los Presupuestos, ha conseguido situar el concierto –el sistema fiscal diferenciado del que goza el País Vasco– en el centro de la negociación de los Presupuestos, algo que en sí mismo no es de recibo. El Cupo, que es la cantidad con la que las Haciedas vascas contribuyen a la estatal por los servicios que reciben del Estado, debe dirimirse en los acuerdos entre los gobiernos central y vasco y en virtud de estrictos criterios técnicos, y no dejarlo a expensas del chalaneo parlamentario. Pero el caso es que el PNV no sólo ha obtenido una rebaja del Cupo de más de 500 millones anuales –agrandando aún más el privilegio de una fiscalidad única en la UE–, sino que ha arrancado la devolución de 1.400 millones de euros a cuenta de la cantidad total aportada por el Gobierno vasco estos últimos años, y sobre la que también discrepaban ambos ejecutivos.
Resulta lamentable el ventajismo con el que tanto el PNV como las fuerzas canarias se han comportado en este trámite. Pero el hecho de que el Gobierno consiga la luz verde a los Presupuestos no sólo da oxígeno a Rajoy hasta 2019 –en la medida que podría prorrogarlos el próximo año–, sino que permiten apuntalar la senda de la recuperación económica y de la consolidación fiscal.
Es cierto que el proyecto elaborado por el Ejecutivo aplaza las reformas estructurales pendientes. Sin embargo, son unas cuentas públicas que aprovechan el crecimiento sostenido de la economía y el hecho de que el pasado año España cumplió por primera vez con el déficit exigido por Bruselas para incrementar el gasto social y no abordar ningún espinoso recorte. Su aprobación es una buena noticia, aunque lastrada por la claudicación ante el nacionalismo vasco y canario en asuntos financieros de calado.